Contratar abogados especialistas en extinción de dominio es crucial por varias razones:
Conocimiento especializado: La extinción de dominio es un área legal compleja que involucra la confiscación de bienes relacionados con actividades ilícitas. Los abogados especializados en este campo tienen un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones específicas que rigen este proceso, lo que les permite brindar asesoramiento experto y representación efectiva.
Experiencia en procedimientos: Los abogados especializados en extinción de dominio están familiarizados con los procedimientos legales y administrativos relacionados con este proceso. Tienen experiencia en la presentación de documentos, comparecencias ante tribunales y negociaciones con las autoridades pertinentes para garantizar los mejores resultados para sus clientes.
Defensa efectiva: La extinción de dominio puede afectar los derechos de propiedad de las personas, y es fundamental contar con abogados que puedan defender de manera efectiva los intereses de sus clientes. Los abogados especializados pueden identificar posibles defensas legales, impugnar evidencia y argumentar en nombre de sus clientes para proteger sus derechos y propiedades.
Optimización de recursos: Contratar abogados especializados en extinción de dominio puede ayudar a optimizar los recursos disponibles. Estos profesionales pueden ofrecer estrategias legales eficientes y efectivas que minimicen el impacto financiero y personal de la extinción de dominio en sus clientes.
Resultados favorables: Debido a su experiencia y conocimientos especializados, los abogados especializados en extinción de dominio están bien posicionados para obtener resultados favorables para sus clientes. Ya sea negociando acuerdos con las autoridades, impugnando decisiones judiciales o presentando recursos de apelación, estos profesionales trabajan incansablemente para proteger los derechos y los intereses de quienes representan.
En resumen, la contratación de abogados especializados en extinción de dominio es fundamental para garantizar una representación legal efectiva y proteger los derechos de aquellos involucrados en procesos de confiscación de bienes relacionados con actividades ilícitas.
La Ley 1123 de 2007 en Colombia establece el régimen disciplinario aplicable a los abogados, tanto en ejercicio público como privado. Respecto a la discrecionalidad del magistrado en la aplicación de esta ley, es importante entender que la discrecionalidad judicial es una herramienta necesaria para la correcta administración de justicia, pero debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley y los principios constitucionales.
Cuando se menciona que la discrecionalidad del magistrado «raya con la arbitrariedad», se sugiere que existe la posibilidad de que dicha discrecionalidad sea ejercida de manera excesiva o injusta, sin tener en cuenta los criterios objetivos y legales que deberían guiar su actuación.
En el contexto de la Ley 1123 de 2007, es importante que los magistrados que aplican esta ley ejerzan su discrecionalidad de manera justa y equitativa, tomando en consideración los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. Si la discrecionalidad se utiliza de manera arbitraria, puede afectar los derechos de los abogados y la confianza en el sistema judicial.
Es responsabilidad de los órganos de control y de la sociedad en general asegurar que la discrecionalidad judicial se ejerza de manera adecuada y en consonancia con los principios fundamentales del Estado de derecho.
Esa discrecionalidad la han tomado muchas Magistraturas de Las Comisiones de Disciplina Judicial a nivel Nacional, como facultades omnímodas para cercenar derechos de los disciplinables y avasallar a quienes defienden dichos derechos, no permitiendo la controversia probatoria u obstaculizándola en variados aspectos, limitando el tiempo de intervención de defensores y encartado procesal, lo mismo en cuanto a la aducción, recolección, práctica y valoración de pruebas, también para las alegaciones finales creando limitantes temporales, que aunque la norma lo fija, el investigador no tiene límite en su actuar procesal en ninguna aspecto.
Así mismo ejerciendo una especie de actitud intimidatoria contra procesado y defensa, desconociendo Los Principios que rigen el derecho general en Colombia y sin aplicar la más mínima Filosofía del derecho en la aplicación de Garantías Procesales y Sustanciales para el investigado. En concordancia con lo anterior es también atribuible a discrecionalidad arbitraria de las Comisiones, la ausencia, falta o escasa Jurisprudencia en la materia, Jurisprudencia y ante ello los Magistrados de menor jerarquía tienen un margen de maniobra que a nuestro también raya con la arbitrariedad. La Jurisprudencia sobre los procesos disciplinarios para abogados se construye día a día por quienes somos gestores y originadores, y litigantes en esta área sancionatoria y en especial en el Derecho Disciplinario para abogados Ley 1123 de 2007.
Cuanta importancia toma entonces asesorarse de un abogado experto en esta materia en especial, pues los abogados disciplinables no llegan en igualdad de condiciones ante su Juez Natural, Las Comisiones de Disciplina Judicial.
FINES CONSTITUCIONALES QUE BUSCA PROTEGER LA NORMA DE EXTINCION DE DOMINIO
El deterioro de la moral social se refiere a un fenómeno en el cual los valores, principios éticos y normas sociales aceptadas en una comunidad o sociedad experimentan un declive o debilitamiento significativo. Este deterioro puede manifestarse de diversas formas, como un aumento en comportamientos antisociales, falta de empatía, corrupción, deshonestidad, irresponsabilidad individual y colectiva, entre otros.
Las causas del deterioro de la moral social pueden ser multifacéticas y pueden incluir cambios culturales, influencias externas como los medios de comunicación y la tecnología, factores económicos y políticos, así como también problemas sociales como la desigualdad, la marginalización y la falta de acceso a recursos y oportunidades.
El deterioro de la moral social puede tener consecuencias negativas en la cohesión social, el bienestar individual y colectivo, así como en la estabilidad de una sociedad en general. Por lo tanto, es importante abordar este fenómeno mediante la promoción de valores éticos, la educación moral, el fortalecimiento de las instituciones sociales y el fomento de la responsabilidad ciudadana.
El deterioro de la moral social y ecológica se refiere a un declive tanto en los valores y principios éticos en relación con el medio ambiente y la naturaleza, así como en el comportamiento de las sociedades hacia el entorno natural. Este fenómeno se manifiesta en diversas formas, como la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación ambiental, la degradación del paisaje, la pérdida de biodiversidad y la falta de consideración por las generaciones futuras.
Las causas del deterioro de la moral social y ecológica son complejas e interconectadas. Incluyen el consumismo desenfrenado, la falta de educación ambiental, los sistemas económicos que priorizan el crecimiento a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo, así como también la desconexión entre las personas y la naturaleza en las sociedades urbanizadas.
Este deterioro tiene graves consecuencias para el bienestar humano y el equilibrio ecológico del planeta. La degradación ambiental afecta la calidad del aire, del agua y del suelo, contribuye al cambio climático y pone en riesgo la seguridad alimentaria y el acceso a recursos naturales esenciales para la vida.
Abordar el deterioro de la moral social y ecológica requiere un enfoque integral que promueva una mayor conciencia ambiental, fomente prácticas sostenibles, impulse políticas que protejan el medio ambiente y promueva la responsabilidad individual y colectiva hacia la conservación de la naturaleza. Esto implica cambios en los patrones de consumo, en los sistemas de producción y en la toma de decisiones a nivel político y económico para garantizar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.
Si el abogado que contrató no cumplió con lo pactado usted puede presentar una queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del departamento en el que ocurrieron los hechos. Allí podrá exponer su situación y adjuntar las pruebas que tenga en su poder.
Es pertinente recordar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la máxima autoridad disciplinaria de los abogados en el ejercicio de su profesión, así como de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
Queja contra un abogado, juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia, empleado judicial o juez de paz
En caso de que la queja sea contra magistrados de tribunales, de comisiones seccionales, fiscales delegados ante tribunales o ante la Corte Suprema de Justicia se tendrá que remitir la queja por escrito a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al siguiente correo: correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co.
Contenido de la queja disciplinaria
Las quejan deben contener, al menos, la siguiente información:
Del quejoso (persona que presenta la queja):
Nombre
Identificación
Correo electrónico
Teléfono
Dirección física (opcional)
Datos del profesional, funcionario o empleado (la persona contra la que usted se presenta la queja):
Nombre
Calidad (abogado, magistrado, juez, fiscal, juez de paz, auxiliar de justicia, empleado judicial, superintendente con funciones jurisdiccionales)
Dirección electrónica (opcional)
Dirección física (opcional)
Hechos de la queja
Son las situaciones fácticas en las que se sustenta la queja. Deberá llevar el lugar de los hechos (departamento/municipio) y una breve narración que precise las circunstancias del caso en concreto para presentar la queja.
El disciplinario es una parte fundamental para los abogados en Colombia, ya que regula su comportamiento ético y profesional. Aquí te muestro algunas de las razones por las que el disciplinario es importante para los abogados en este país:
Protección de los derechos de los ciudadanos: El ejercicio de la abogacía involucra la representación de los intereses de clientes y la defensa de sus derechos. El disciplinario garantiza que los abogados actúen de manera ética y profesional, evitando abusos o negligencias que puedan perjudicar a los ciudadanos.
Fortalecimiento de la confianza pública: Cuando los abogados actúan con integridad y cumplen con los más altos estándares éticos, se fortalece la confianza del público en el sistema legal y en la profesión legal en general. Esto es crucial para mantener la credibilidad del sistema judicial y asegurar que la justicia se administre de manera justa y equitativa.
Control de la conducta profesional: El disciplinario establece normas y reglas que los abogados deben seguir en el ejercicio de su profesión. Esto incluye aspectos como la confidencialidad, el respeto por la ley y los procedimientos legales, la competencia profesional y la honestidad en la relación con los clientes y otros profesionales del derecho. El incumplimiento de estas normas puede resultar en sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la suspensión o la revocación de la licencia para ejercer.
Garantía de la calidad del servicio legal: Al imponer estándares éticos y profesionales, el disciplinario contribuye a mantener altos niveles de calidad en el servicio legal. Esto es esencial para proteger los intereses de los clientes y asegurar que reciban asesoramiento legal competente y ético.
Promoción de la excelencia profesional: El disciplinario no solo se centra en corregir malas conductas, sino también en promover la excelencia profesional. A través de la educación continua, la capacitación y el seguimiento, se busca mejorar constantemente la práctica legal y fomentar el desarrollo profesional de los abogados.
En resumen, el disciplinario desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la integridad, la ética y la calidad en el ejercicio de la abogacía en Colombia, contribuyendo así a la justicia y al respeto del estado de derecho en la sociedad.
También el Derecho Disciplinario para abogados Ley 1123 de 2007, busca proteger el decoro y dignidad de la profesión, la realización de la Justicia, al público en general usuarios de servicios profesionales de abogados, lealtad con los clientes y el gremio profesional. La norma disciplinaria para abogados es a su vez el mecanismo procesal y Sustancial con la que se procura sancionar conductas de los profesionales del derecho. Obviamente para llegar al objetivo sancionador, se requiere el respeto de las Garantías propias de este juicio especialísimo.
La excelencia profesional de los abogados es una de las metas de la comunidad jurídica en general en pro de los usuarios de este servicio esencial al interior de la sociedad, por ello nuestra recomendación es ante cualquier irregularidad en el actuar de los abogados es denunciar ante las Comisiones de Disciplina Judicial de todo el país que se encuentran en las principales ciudades capitales del departamento, hoy dichas Comisiones reciben las quejas contra abogados de manera virtual mediante correos electrónicos.
En Colombia, el derecho de defensa es fundamental en todos los procesos judiciales y administrativos, incluidos los procesos de extinción de dominio. La extinción de dominio es un procedimiento legal mediante el cual el Estado puede Extinguir el derecho de dominio sobre los bienes que se presumen adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico o la corrupción entre la mayoria de delitos contemplados en la Norma Penal.
El derecho de defensa se vulnera en un proceso de extinción de dominio cuando no se garantiza a los afectado el acceso a un abogado competente, la posibilidad de presentar pruebas a su favor, el derecho a ser oído y a tener un juicio justo, entre otros derechos procesales básicos.
Algunas situaciones en las que podría vulnerarse el derecho de defensa en procesos de extinción de dominio incluyen:
Falta de notificación adecuada: Si el afectado no es notificado adecuadamente sobre el proceso de extinción de dominio o sobre las acciones que se están llevando a cabo en su contra, se le puede impedir presentar una defensa adecuada.
Limitaciones en el acceso a la evidencia: Si se le niega a los afectados el acceso a la evidencia presentada en su contra o se le impide presentar pruebas en su defensa, se estaría vulnerando su derecho a un juicio justo.
No se le permite ejercer su derecho a la asistencia legal: Si a los afectados no se les permite tener un abogado o si se le asigna un abogado defensor que no es competente o no tiene los recursos necesarios para representarlo adecuadamente, su derecho de defensa estaría siendo vulnerado.
Procedimientos irregulares: Cualquier irregularidad en el procedimiento que afecte la capacidad de los afectados para presentar una defensa adecuada podría constituir una vulneración del derecho de defensa.
En resumen, en los procesos de extinción de dominio en Colombia, como en cualquier otro proceso judicial, es fundamental garantizar el derecho de defensa de los afectados para asegurar la justicia y el debido proceso.
