La extinción de dominio es un procedimiento legal mediante el cual el Estado puede Extinguir los Derechos de dominio en los bienes que se presumen han sido obtenidos a través de actividades ilícitas, como delitos contra la administración pública. En Colombia, la extinción de dominio está regulada principalmente por la Ley 1708 de 2014 y la Ley 1908 de 2018.
Los delitos contra la administración pública en Colombia abarcan una amplia gama de conductas, como corrupción, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros. Cuando se comete alguno de estos delitos y se obtienen bienes como resultado de la actividad ilícita, la extinción de dominio puede aplicarse para confiscar esos bienes, privando a los responsables de su posesión y disfrute.
La relación entre la extinción de dominio y los delitos contra la administración pública en Colombia es estrecha, ya que muchas veces los funcionarios corruptos utilizan su posición para obtener beneficios económicos ilícitos, como propiedades, vehículos, cuentas bancarias, entre otros. La aplicación de la extinción de dominio permite al Estado recuperar esos bienes y utilizarlos en beneficio de la sociedad, ya sea destinándolos a programas de prevención del delito, reparación a las víctimas, o fortalecimiento de las instituciones.
La extinción de dominio se ha convertido en una herramienta importante en la lucha contra la corrupción y otros delitos contra la administración pública en Colombia, al privar a los delincuentes de los beneficios económicos obtenidos de manera ilegal y desincentivar la comisión de este tipo de conductas. Sin embargo, su aplicación debe realizarse dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales de los involucrados.
