La verdad en el proceso penal colombiano: verdad material y verdad formal según la jurisprudencia
En el derecho penal colombiano, la Corte Constitucional y la Corte Suprema han desarrollado una doctrina robusta sobre la distinción entre verdad material —la verdad de los hechos— y verdad formal o verdad procesal, que emerge de la valoración jurídica de las pruebas. El presente ensayo, de acuerdo con la jurisprudencia, ilustra cómo ambas nociones interactúan en la administración de justicia y su fundamento constitucional.
1. Verdades: material, fáctica, procesal y formal
La Corte Constitucional en la sentencia C‑396 de 2007 aclara que el proceso penal busca aproximarse a la verdad fáctica o material como fin constitucional, aunque está obligado por las garantías del derecho penal moderno, lo que restringe que esa aproximación se produzca “a cualquier precio” Redalyc.org+9Suin Juriscol+9robledovargasabogados.com+9. En tal orden, se habla de justicia material vinculada a la verdad fáctica, en contraste con la verdad formal, que se construye con base en las reglas procesales y valoraciones formales.
La Corte añade que el proceso no garantiza verdades absolutas; se alcanzan «verdades relativas, contextuales y aproximadas», derivadas de la prueba disponible en cada caso Suin Juriscol+1Corte Constitucional+1.
2. El modelo penal constitucional, garantismo y justicia material
De acuerdo con la Constitución de 1991 y la jurisprudencia reiterada, el modelo penal colombiano busca un equilibrio entre eficientismo y garantismo. El juez debe buscar la verdad, pero también debe proteger los derechos del acusado. Esto implica que, aunque es deber del Estado esclarecer los hechos, existen límites como prohibiciones de pruebas obtenidas ilícitamente o el derecho a no autoincriminarse que conforman la verdad formal Corte ConstitucionalCorte Constitucional.
La Corte ha destacado el concepto de juez constitucional activo, que va más allá de un simple aplicador de leyes: debe facilitar la justicia material mediante la búsqueda de la verdad fáctica desde una perspectiva de garantías Corte Constitucional.
3. La prueba de oficio y su rol en la construcción de la verdad material
La Corte Constitucional establece que, aunque el juez penal no puede investigar directamente, tiene la facultad de decretar prueba de oficio en momentos previos al juicio si ello es necesario para descubrir la verdad material y garantizar derechos fundamentales Redalyc.org+1Corte Constitucional+1.
La omisión de esta facultad puede constituir defecto fáctico y generar tutela si de ella depende una decisión grave incompatible con la realidad objetiva de los hechos Redalyc.orgRedalyc.org.
4. La verdad procesal y la cosa juzgada
En la sentencia C‑417 de 2009, la Corte explica que la verdad procesal es la tesis judicial verificable que conjuga hechos reales y valoración normativa. Esa verdad procesal produce efecto de cosa juzgada y criterios de certeza, aunque puede ser cuestionada con nuevos elementos fácticos en casos excepcionales elpais.com+12Suin Juriscol+12Redalyc.org+12.
Por su parte, la Corte Suprema ha señalado en sentencias recientes que el juzgador debe ponderar la realidad de los hechos probados por encima de la mera formalidad documental, cuando ello permite aproximar la verdad material (por ejemplo, en prestaciones sociales) cortesuprema.gov.co.
5. Valor doctrinal aplicado: perspectiva de Jhon Fernando Robledo Vargas
La propuesta intelectual de Jhon Fernando Robledo Vargas, basada en la jurisprudencia anterior, articula lo siguiente:
El sistema penal exige una verdad procesal fundada en principios de contradicción, publicidad, defensa y debida motivación (art. 29 C.P.) permitiendo que todas las pruebas adversas puedan ser controvertidas robledovargasabogados.com.
La verdad material no se logra por la sola formalidad del proceso, sino mediante la práctica efectiva de pruebas pertinentes y contextualizadas: por ejemplo, la entrevista de menores debe ser corroborada según estándares sólidos, como Robledo Vargas ha señalado en materia disciplinaria robledovargasabogados.com.
La acción del juez para decretar prueba de oficio es compatible con un sistema garantista, siempre que preserve imparcialidad, contradicción y relevancia fáctica Redalyc.org.
Desde la perspectiva constitucional y jurisprudencial colombiana, la verdad material constituye el fin último del proceso penal: reconstruir los hechos conforme a la realidad objetiva. Sin embargo, ese fin está mediado por un entramado garantista que se expresa en la verdad formal o procesal: el conjunto de reglas, procedimientos, exclusiones y valoraciones probatorias que regulan la legitimidad del fallo.
Según la doctrina reflexionada por Jhon Fernando Robledo Vargas, solo reconociendo esta dualidad y respetando los principios del debido proceso se puede alcanzar una justicia penal auténtica: una justicia material que no sacrifica garantías, ni se limita a formalismos. En palabras de Taruffo citadas por la jurisprudencia, el proceso penal no produce verdades absolutas, sino aproximaciones racionales a la realidad fáctica Suin Juriscol+1Corte Constitucional+1.
SIN GARANTÍAS NO HAY VERDAD LEGÍTIMA: CRÍTICA AL FORMALISMO EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD PENAL
Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas
Introducción
El proceso penal colombiano, en su dimensión constitucional, se presenta como una herramienta para alcanzar la verdad material y, con ella, una justicia penal legítima. Sin embargo, bajo la narrativa jurisprudencial que distingue entre verdad material y verdad procesal, persiste una peligrosa tensión: la tentación de sacrificar garantías fundamentales en nombre de la supuesta búsqueda de la verdad. Esta crítica se construye sobre una premisa irrebatible: sin el cumplimiento de las garantías procesales y sustanciales del acusado, no puede existir una condena penal legítima. La verdad que se construya sin garantías no es justicia, es arbitrariedad.
1. La supremacía de las garantías sobre la finalidad del proceso penal
En repetidas sentencias —como la C-396 de 2007 o la C-417 de 2009— la Corte Constitucional ha reafirmado que el objetivo del proceso penal es la aproximación a la verdad material. No obstante, esa búsqueda no puede realizarse “a cualquier precio”. Esta cláusula de advertencia, aunque formalmente reiterada, se torna ambigua cuando el aparato judicial insiste en preservar resultados condenatorios basados en verdades parciales, sustentadas en pruebas obtenidas sin respeto al debido proceso o en contextos desequilibrados.
Como bien lo ha sostenido la misma jurisprudencia, las garantías procesales (derecho a la defensa, contradicción, publicidad, presunción de inocencia) son condiciones de posibilidad de una condena válida. Si el proceso es el medio para encontrar la verdad, entonces debe ser un proceso legítimo desde su forma y contenido. De lo contrario, el derecho penal se degrada en instrumento de poder, no de justicia.
2. La ficción de la “verdad procesal” cuando se violan derechos fundamentales
En su esfuerzo por mantener decisiones judiciales estables, las altas cortes —en especial la Corte Suprema de Justicia— suelen invocar la verdad procesal como aquella que emerge de las pruebas legalmente practicadas y valoradas. Pero aquí emerge una contradicción peligrosa: si esas pruebas fueron obtenidas bajo defectos estructurales, como la falta de defensa técnica, limitaciones a la contradicción, o uso de prueba ilícita, ¿puede hablarse de verdad? Una verdad procesal construida desde la vulneración de garantías es una ficción jurídica, no una verdad legítima.
Este fenómeno se agrava con el uso restrictivo de la prueba de oficio por parte del juez penal, bajo el argumento de neutralidad. Sin embargo, como la propia Corte Constitucional lo ha permitido en la sentencia C-209 de 2007, el juez puede —y debe— decretar pruebas de oficio cuando de ello depende el esclarecimiento de hechos fundamentales para el imputado. Lo contrario perpetúa una forma de procesalismo formalista que puede derivar en injusticias irreparables.
3. Sanción penal sin garantías: una regresión al derecho penal autoritario
Permitir que el Estado imponga una pena penal sin respetar de manera estricta las garantías sustanciales del acusado (como el principio de legalidad, tipicidad estricta, culpabilidad y debido proceso) constituye una ruptura del principio democrático del derecho penal mínimo. En efecto, la sanción penal es la más gravosa expresión del poder punitivo del Estado y, por ende, solo puede ejercerse cuando se han agotado todas las exigencias del proceso justo.
Jurisprudencia como la SU-217 de 2023, aunque reconoce la prevalencia de las garantías, permite un margen amplio para valorar la prueba desde la discrecionalidad judicial. Esto se traduce en un riesgo: la consolidación de una cultura judicial basada en la eficiencia más que en la legitimidad, donde importa más la estabilidad del fallo que su justicia real.
4. El problema del estándar de prueba y el uso de indicios
En el contexto colombiano, el estándar de prueba para condenar es la certeza más allá de duda razonable. No obstante, la práctica muestra una creciente utilización de indicios como base de decisiones condenatorias, incluso cuando estos se originan en contextos procesales débiles o incompletos.
La Corte Suprema ha legitimado este uso, en ocasiones bajo la idea de reconstrucción lógica de los hechos. Sin embargo, sin una estricta vigilancia del origen, contexto y contradicción de esos indicios, el juicio se vuelve una inferencia subjetiva, más que un proceso racional basado en garantías. El riesgo es evidente: se condena sin certeza real, solo con coherencia narrativa.
5. Conclusión: La verdad sin garantías es violencia institucional
En conclusión, el presente ensayo sostiene que la verdad procesal solo es legítima si es fruto de un proceso respetuoso de los derechos fundamentales del procesado. Lo contrario equivale a institucionalizar la violencia simbólica y fáctica del Estado mediante el uso ilegítimo de su poder punitivo.
Las Cortes deben ser consistentes en su doctrina: no basta con declarar la primacía de las garantías si, en la práctica, se flexibilizan para sostener condenas. Como lo ha insistido Luigi Ferrajoli, no hay derecho penal democrático sin garantías, y ello aplica con mayor rigor cuando se trata de restringir la libertad personal. La verdad no puede ser excusa para la injusticia.
Autor:Jhon Fernando Robledo Vargas Año: 2025 Contacto profesional: robledovargasabogados.com
El derecho disciplinario de los abogados en Colombia, regulado principalmente por la Ley 1123 de 2007, debe observar principios fundamentales del derecho procesal y sustantivo, entre los cuales destaca el principio non bis in idem. Este principio prohíbe que un profesional sea sancionado dos veces por el mismo hecho o conducta, asegurando la justicia, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales.
Este artículo analiza la importancia del non bis in idem en el contexto de la teoría del tipo disciplinario para abogados y argumenta por qué, aunque existan múltiples quejas o quejosos sobre una misma conducta, el abogado no debe enfrentar sanciones duplicadas.
El Principio Non Bis In Idem en el Derecho Disciplinario
El non bis in idem es un principio jurídico que significa “no ser juzgado o sancionado dos veces por la misma causa”. En el ámbito disciplinario, protege al profesional frente a la imposición de múltiples sanciones por una única conducta o hecho, evitando la duplicidad y la arbitrariedad.
Este principio está consagrado en la Constitución Política de Colombia (Art. 29) y en diversas normativas internacionales sobre derechos humanos, aplicándose también en el régimen disciplinario para abogados (Robledo Vargas, 2024).
La Teoría del Tipo Disciplinario para Abogados
El tipo disciplinario es la descripción legal y normativa de la conducta que constituye una infracción a las reglas de ética y ejercicio profesional. En la Ley 1123 de 2007, se definen claramente las conductas sancionables para los abogados, incluyendo violaciones al secreto profesional, conflictos de interés, negligencia, entre otras (Ley 1123, 2007, Arts. 4-10).
La precisión del tipo disciplinario permite delimitar qué actos son objeto de sanción, evitando interpretaciones arbitrarias o excesivas que podrían afectar el derecho a la defensa.
Múltiples Quejas vs. Una Única Conducta
En la práctica disciplinaria, es común que un abogado enfrente varias quejas relacionadas con un mismo hecho, presentadas por diferentes quejosos. Sin embargo, la existencia de múltiples quejas no significa que el abogado deba ser sancionado múltiples veces.
Cuando las quejas se refieren a la misma conducta, debe aplicarse el non bis in idem, consolidando el proceso disciplinario en una sola investigación o unificando los procesos para evitar duplicidad de sanciones (Robledo Vargas, 2024).
Por Qué No Debe Haber Doble Sanción
Garantía de seguridad jurídica: Evitar sanciones múltiples protege al abogado de incertidumbres y riesgos desproporcionados.
Principio de proporcionalidad: Sancionar varias veces por un solo hecho puede llevar a castigos desproporcionados respecto a la gravedad real de la conducta.
Economía procesal y eficiencia: La unificación de quejas y procesos evita duplicidad de esfuerzos y recursos en la administración disciplinaria.
Respeto al debido proceso y derechos fundamentales: La acumulación de quejas permite garantizar que el abogado ejerza una defensa adecuada y completa.
Conclusión
El principio non bis in idem es una garantía esencial en el régimen disciplinario de los abogados en Colombia. La existencia de varias quejas sobre un mismo hecho no justifica la imposición de sanciones múltiples. La teoría del tipo disciplinario y la Ley 1123 de 2007 orientan hacia un procedimiento consolidado que proteja la integridad del profesional, promueva la justicia y preserve la confianza en el sistema disciplinario.
Garantizar la aplicación efectiva del non bis in idem fortalece el respeto por los derechos de los abogados y asegura un equilibrio justo entre la función de control disciplinario y la protección del ejercicio profesional.
Referencias
Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 29.
Ley 1123 de 2007. Por la cual se dictan normas sobre el régimen disciplinario de los abogados y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República de Colombia.
Robledo Vargas, J. F. (2024). La teoría del tipo disciplinario y la protección del bien jurídico en la abogacía. Editorial Jurídica Colombiana.
Para profundizar mas en este y otros temas sigue el próximo link:
El ejercicio profesional de la abogacía en Colombia está regulado no solo por la ética y la deontología, sino también por el régimen disciplinario establecido en la Ley 1123 de 2007, que establece las normas para el control deontológico y disciplinario de los abogados. En este contexto, la teoría del tipo disciplinario adquiere una relevancia particular para definir con precisión las conductas que configuran faltas y sanciones dentro del ejercicio profesional.
Este artículo analiza la teoría del tipo disciplinario y el bien jurídico protegido en el régimen disciplinario aplicable a los abogados en Colombia, subrayando su importancia para la defensa de la profesión y la garantía de un ejercicio ético y responsable.
Concepto de Tipo Disciplinario en la Ley 1123 de 2007
El tipo disciplinario para abogados, según la Ley 1123 de 2007, corresponde a la descripción normativa de conductas que infringen los deberes legales, éticos y profesionales del abogado (Ley 1123, 2007, Art. 4). Estos tipos disciplinarios delimitan las acciones u omisiones prohibidas que afectan la integridad del ejercicio profesional.
En consonancia con la teoría general del derecho disciplinario, el tipo disciplinario para abogados debe ser interpretado con rigor para evitar sanciones arbitrarias y proteger los derechos fundamentales del profesional (Robledo Vargas, 2024). Asimismo, debe integrar elementos objetivos y subjetivos que permitan valorar la intención y las circunstancias del caso concreto (Gómez & Robledo, 2023).
El Bien Jurídico Protegido en el Régimen Disciplinario para Abogados
El bien jurídico protegido por la Ley 1123 de 2007 es la integridad, honorabilidad y correcta prestación del servicio profesional del abogado, así como la confianza de la sociedad en el ejercicio ético de la abogacía. Esta protección busca garantizar la función social del abogado como garante del acceso a la justicia y el respeto de los derechos fundamentales (Corte Suprema de Justicia, 2015).
Este bien jurídico trasciende el interés particular del abogado para preservar el orden público jurídico y la fe pública, elementos indispensables para la legitimidad del sistema judicial y la protección de los ciudadanos (Rodríguez, 2022).
La Aplicación de la Teoría del Tipo Disciplinario en el Ámbito de la Abogacía
La teoría del tipo disciplinario articula la protección del bien jurídico mediante la identificación clara y precisa de las conductas sancionables en la profesión. Según la Ley 1123, estas conductas incluyen, entre otras, la falta de diligencia, la violación del secreto profesional, el conflicto de intereses y la conducta contraria a la ética (Ley 1123, 2007, Arts. 6-10).
La claridad y precisión del tipo disciplinario son esenciales para que el abogado conozca las conductas prohibidas y para garantizar la legalidad y seguridad jurídica en los procesos disciplinarios (Sánchez, 2023). La rigidez en la interpretación protege contra la arbitrariedad y resguarda el derecho a la defensa y al debido proceso.
La teoría del tipo disciplinario es una pieza clave en el régimen disciplinario de los abogados en Colombia, especialmente bajo el marco de la Ley 1123 de 2007. Al definir con precisión las conductas sancionables, protege el bien jurídico fundamental de la integridad y honorabilidad profesional, asegurando la confianza pública en la función del abogado.
Garantizar una interpretación estricta y garantista del tipo disciplinario es vital para mantener el equilibrio entre el ejercicio legítimo del control disciplinario y los derechos fundamentales del profesional, fortaleciendo así la legitimidad y el respeto por la profesión jurídica en Colombia.
Referencias
Corte Suprema de Justicia. (2015). Sentencia sobre régimen disciplinario de abogados. Bogotá.
Gómez, M., & Robledo, J. F. (2023). Elementos del tipo disciplinario y su interpretación. Revista Colombiana de Derecho Administrativo, 15(2), 45-62.
Ley 1123 de 2007. (2007). Por la cual se dictan normas sobre el régimen disciplinario de los abogados y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República de Colombia.
Robledo Vargas, J. F. (2024). La teoría del tipo disciplinario y la protección del bien jurídico en la abogacía. Editorial Jurídica Colombiana.
Rodríguez, L. (2022). Ética y función pública en Colombia. Bogotá: Ediciones Legales.
Sánchez, P. (2023). Garantías procesales en el derecho disciplinario. Revista de Derecho Público, 10(1), 77-90.
Para profundizar más en este y otros temas sigue el próximo link:
El derecho disciplinario en Colombia cumple una función esencial para el adecuado funcionamiento de la administración pública, garantizando la ética y la legalidad en el actuar de los funcionarios públicos. La teoría del tipo disciplinario constituye un elemento fundamental en el análisis jurídico de las conductas sancionables dentro del régimen disciplinario, pues permite delimitar con precisión cuál es el comportamiento prohibido y, por ende, la infracción susceptible de sanción.
Este artículo se propone examinar el concepto de tipo disciplinario y el bien jurídico protegido en el contexto colombiano, destacando su relevancia para la defensa jurídica de los funcionarios públicos y para el aseguramiento del debido proceso en materia disciplinaria.
Concepto de Tipo Disciplinario
El tipo disciplinario puede definirse como el conjunto de elementos normativos que describen la conducta prohibida en la normativa disciplinaria. Al igual que en el derecho penal, el tipo disciplinario tiene la función de delimitar con exactitud el comportamiento que se considera contrario a las normas que rigen el ejercicio de la función pública (Robledo Vargas, 2024).
Desde esta perspectiva, el tipo disciplinario debe ser interpretado de manera estricta para evitar una aplicación arbitraria o desproporcionada de las sanciones, garantizando la seguridad jurídica del funcionario investigado. El tipo disciplinario integra elementos objetivos y subjetivos que permiten valorar la existencia de la infracción y la intención o culpa del funcionario (Gómez & Robledo, 2023).
El Bien Jurídico Protegido
El bien jurídico protegido en el derecho disciplinario colombiano es la legalidad, la ética y la confianza pública en la administración (Constitución Política de Colombia, 1991; Robledo Vargas, 2024). En esencia, se protege la correcta y honesta prestación del servicio público, así como la transparencia y el cumplimiento de las normas que regulan la función pública.
Este bien jurídico se traduce en la salvaguarda de los principios que deben guiar la actuación del funcionario público, tales como la probidad, la eficiencia, la imparcialidad y la responsabilidad. La lesión a este bien jurídico implica un daño directo a la estructura administrativa y a la confianza ciudadana, afectando el orden público y la gobernabilidad (Rodríguez, 2022).
La Protección del Bien Jurídico a través del Tipo Disciplinario
La teoría del tipo disciplinario articula la protección del bien jurídico al definir con precisión las conductas que vulneran la legalidad y la ética en la función pública. De esta manera, la descripción del tipo disciplinario debe estar orientada a proteger el interés público y evitar la arbitrariedad en la imposición de sanciones (Robledo Vargas, 2024).
En este sentido, es fundamental que el tipo disciplinario sea claro, específico y garantista, para que el funcionario público pueda conocer con certeza cuáles conductas están prohibidas y cuáles son las consecuencias jurídicas de su incumplimiento (Sánchez, 2023).
La teoría del tipo disciplinario es una herramienta jurídica esencial para el correcto funcionamiento del régimen disciplinario en Colombia. Al definir con precisión las conductas sancionables, asegura la protección del bien jurídico fundamental: la legalidad, ética y confianza en la administración pública.
Para los funcionarios públicos, esta teoría representa una garantía frente a la arbitrariedad y un fundamento sólido para la defensa jurídica en los procesos disciplinarios. Por ello, es necesario promover una interpretación estricta y garantista del tipo disciplinario, que garantice el equilibrio entre el poder disciplinario y los derechos de los servidores públicos.
Referencias
Constitución Política de Colombia. (1991).
Gómez, M., & Robledo, J. F. (2023). Elementos del tipo disciplinario y su interpretación. Revista Colombiana de Derecho Administrativo, 15(2), 45-62.
Robledo Vargas, J. F. (2024). La teoría del tipo disciplinario y la protección del bien jurídico. Editorial Jurídica Colombiana.
Rodríguez, L. (2022). Ética y función pública en Colombia. Bogotá: Ediciones Legales.
Sánchez, P. (2023). Garantías procesales en el derecho disciplinario. Revista de Derecho Público, 10(1), 77-90.
El comiso penal ha cobrado una importancia creciente dentro del sistema penal colombiano, especialmente en el marco del combate contra la criminalidad organizada, la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Esta figura jurídica, muchas veces mal comprendida, constituye una de las herramientas más eficaces del Estado para privar de beneficios económicos a quienes delinquen, y para recuperar bienes ilícitos o destinados al delito.
A continuación, abordaremos la naturaleza jurídica del comiso, su fundamento normativo, su aplicación práctica, y algunos pronunciamientos jurisprudenciales clave que han definido su alcance en Colombia.
1. ¿Qué es el Comiso Penal?
El comiso es una medida de carácter real y patrimonial, consistente en la pérdida de propiedad o titularidad de bienes que han sido instrumento, producto o medio del delito. Su finalidad es sustraer del comercio jurídico aquellos bienes vinculados directa o indirectamente con actividades ilícitas.
Fundamento Legal
El comiso está regulado principalmente en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) y en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004):
Artículo 82 y subsiguientes del Código Penal:
“El juez podrá disponer, en la sentencia, el comiso de los instrumentos con que se haya cometido el hecho punible y de los bienes que provengan de su ejecución, salvo los derechos de terceros de buena fe.”
Artículo 94 de la Ley 906 de 2004:
“En la sentencia se ordenará el comiso de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito.”
Además, en el marco del Sistema Penal Acusatorio, el comiso se puede decretar incluso como medida cautelar anticipada, para garantizar la efectividad de una futura sentencia de comiso.
2. ¿Qué Bienes Son Susceptibles de Comiso?
Pueden ser objeto de comiso:
Los instrumentos del delito (por ejemplo, un arma o vehículo utilizado para cometer un crimen).
Los bienes producto del delito (como dinero obtenido por medio de extorsión).
Los bienes adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas, aun cuando no estén directamente relacionados con el hecho investigado.
En algunos casos, incluso bienes de terceros que hayan facilitado la comisión del delito, si no pueden demostrar buena fe exenta de culpa.
3. Naturaleza Jurídica del Comiso
La Corte Suprema de Justicia ha indicado que el comiso no es una pena, sino una consecuencia jurídica del delito. En ese sentido, no requiere de una condena previa, y puede incluso ordenarse en procesos abreviados o en los casos de extinción de dominio penal.
Jurisprudencia Relevante
🔹 Sentencia SP1732-2021 de la Corte Suprema de Justicia (Radicado 52615):
“El comiso no puede considerarse como una sanción penal accesoria, sino como una consecuencia procesal derivada de la constatación de la ilicitud del bien, susceptible de ser ordenada incluso en ausencia de condena penal.”
🔹 Sentencia C-286 de 2017 (Corte Constitucional):
“El comiso penal persigue fines constitucionales legítimos como la lucha contra la criminalidad organizada, la protección del interés general y la moralidad pública.”
4. ¿Qué pasa con los Derechos de Terceros?
El ordenamiento jurídico colombiano protege a los terceros de buena fe, tal como lo establece el artículo 83 del Código Penal. Es decir, si un bien pertenece a una persona que no tuvo conocimiento del origen ilícito ni participó en el delito, no puede ser objeto de comiso.
En estos casos, la jurisprudencia exige que el tercero pruebe su buena fe exenta de culpa, y que acredite título y justo precio, cuando se trate de bienes adquiridos del indiciado o condenado.
5. Comiso sin Condena: La Nueva Tendencia
Una figura emergente en la práctica penal colombiana es el comiso sin condena, aplicado en casos donde el procesado ha fallecido, se ha fugado o no se puede juzgar por alguna razón, pero existen pruebas claras de que los bienes provienen de actividades delictivas.
Esta posibilidad ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia:
🔹 Sentencia SP-4373-2020 (Radicado 52439):
“El comiso sin condena, bajo las debidas garantías procesales, es legítimo en tanto el Estado no puede permitir que los bienes de origen ilícito sigan circulando en la economía formal.”
Conclusión
El comiso penal en Colombia se consolida como una medida de justicia restaurativa y disuasiva, que permite neutralizar las ganancias del crimen y recuperar activos para la sociedad. No se trata de una sanción punitiva, sino de un instrumento legal para proteger el orden económico y jurídico.
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Jhon Fernando Robledo Vargas Abogado penalista, de Extinción de Dominio, litigante y consultor jurídico. Robledo Vargas Abogados – Defensa Penal Integral
La figura del comiso penal tiene diferencias y similitudes con la Acción de Extinción del Derecho Real de Dominio, además el comiso penal puede afectar la Acción de Extinción del Derecho Real de Dominio. Por ello se hace necesario un próximo articulo jurídico en donde abordaremos sus similitudes y diferencias y como afecta el comiso penal a la Acción de Extinción de Dominio.
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Jhon Fernando Robledo Vargas es un abogado con experiencia y publicaciones en temas disciplinarios, penales y constitucionales. Ha enfocado buena parte de su carrera en la defensa de funcionarios públicos y abogados en procesos disciplinarios y penales.
Sus artículos abordan temas complejos (nulidades, ilicitud sustancial, debido proceso, defensa técnica) con un enfoque crítico y práctico.
2. Enfoque garantista basado en jurisprudencia nacional e internacional
No se limita a opiniones personales: muchas de sus tesis están respaldadas por jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Aplica principios del derecho penal al derecho disciplinario de forma razonada (mutatis mutandi), lo que es una práctica aceptada y usada en múltiples sentencias.
3. Aplicabilidad práctica
Muchos de sus análisis se centran en casos reales (como el caso Cadena o la aplicación de la reformatio in pejus), lo cual permite ver cómo sus ideas funcionan en litigios y procedimientos reales.
Ofrece criterios útiles para abogados litigantes, jueces disciplinarios y funcionarios públicos sobre cómo defenderse o juzgar respetando el debido proceso.
4. Reconocimiento en la comunidad jurídica
Ha sido citado en debates académicos y profesionales. Algunos de sus artículos han sido publicados o discutidos en plataformas jurídicas y judiciales en el Ámbito Nacional e Internacional, y en plataformas jurídicas electrónicas como Calaméo, Scribd, Slideshare, El Digital Extra, entre otros.
⚠️ ¿Cuáles son los límites de aplicar su doctrina?
1. No es jurisprudencia obligatoria
Aunque sus ideas están bien fundamentadas, no tienen fuerza vinculante. No reemplazan la jurisprudencia de las altas cortes ni los criterios del legislador. Pero con base doctrinales en filosofía de la ciencia o filosofía jurídica.
2. Tiene una línea ideológica marcada (garantismo)
Su enfoque es fuertemente pro-defensa, lo cual es válido, pero puede chocar con posturas más punitivistas o de control institucional.
En casos donde el interés público o el deber funcional pesan más, su doctrina puede no ser la más adecuada o equilibrada, pero con bases fuertes sobre el garantismo Constitucional y Covencional.
3. No siempre hay consenso doctrinal
Algunos de sus planteamientos (como la preferencia absoluta de la absolución sobre la nulidad o la crítica estructural al sistema inquisitivo disciplinario) no son universalmente aceptados. Aunque tiene como base la necesaria abolición de los sistemas inquisitivos por tener una marcada ausencia de garantías procesales fundamentales que rayan con la arbitrariedad procesal que afecta derechos sustanciales del procesado
Otros doctrinantes o jueces pueden tener posturas diferentes, sobre todo cuando hay interés público de por medio, como en casos de corrupción, violación de DDHH o responsabilidad fiscal.
🧭 ¿Cuándo aplicar sus ideas?
Situación
¿Aplicar doctrina de Robledo Vargas?
Comentario
Defensas disciplinarias complejas
✅ Muy útil
Ofrece estrategias y lecturas útiles para proteger garantías
Procesos con fallas procedimentales pero sin responsabilidad probada
✅ Alta relevancia
Su tesis de preferir la absolución cobra mucha fuerza aquí
Procesos con pruebas claras de responsabilidad
⚠️ Aplicar con cuidado
Puede servir como límite a excesos, pero no como escudo para eludir sanciones justificadas
Al construir política pública disciplinaria
⚠️ Solo parcialmente
Su visión garantista debe equilibrarse con necesidades institucionales, pero con el respeto a garantías del procesado.
✅ Conclusión
Debes considerar los conceptos de Robledo Vargas Abogados como doctrina jurídica especializada, crítica y útil, especialmente cuando buscas un enfoque garantista o estrategias de defensa técnica. Sin embargo, no sustituyen ni el análisis jurisprudencial obligatorio ni el contexto normativo específico.
Lo mejor es usarlos como herramienta complementaria, especialmente cuando:
Hay tensiones entre forma y fondo (nulidad vs. absolución).
Estás frente a una posible violación de derechos del procesado.
Buscas construir una argumentación basada en precedentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia o Comision Nacional de Disciplinajudicial.
Los artículos de Jhon Fernando Robledo Vargas no son simples opiniones. Están construidos sobre decisiones clave de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales. Conceptos como la preferencia de la absolución sobre la nulidad, la ilícitud sustancial, y la prohibición de la responsabilidad objetiva se sustentan en sentencias como la C-621 de 1998, C-064 de 2021, y la jurisprudencia penal de segunda instancia.
2. Aplicación mutatis mutandi del derecho penal al disciplinario
Una de las contribuciones más destacadas de Robledo Vargas Abogados es su análisis comparado entre el derecho penal y el disciplinario, aplicando principios comunes como el non reformatio in pejus, la presunción de inocencia, el derecho al silencio y el estándar probatorio de la duda razonable. Esta visión coherente y transversal ofrece herramientas prácticas para la defensa y el juzgamiento en ambos sistemas.
3. Experiencia práctica en defensa de profesionales
Los análisis no solo tienen valor académico: están construidos a partir de casos reales en los que Robledo Vargas ha actuado como defensor. Esto otorga a sus conceptos una orientación estratégica, especialmente útil en procesos disciplinarios contra abogados, médicos, fiscales, jueces y servidores públicos.
4. Crítica estructural a fallas del sistema disciplinario
Robledo Vargas ha denunciado, con sustento jurídico, los riesgos del sistema inquisitivo aún presente en el proceso disciplinario colombiano. Propone reformas y reglas interpretativas que buscan equilibrar el poder sancionador del Estado con los derechos fundamentales del investigado, lo que le da un valor añadido en el debate doctrinal actual.
5. Producción doctrinal constante y accesible
A través de su página web, medios jurídicos especializados y plataformas académicas, Robledo Vargas ha publicado análisis actualizados y accesibles sobre temas clave como:
El derecho al silencio en procesos punitivos.
La nulidad vs. la absolución en segunda instancia.
La responsabilidad disciplinaria con base en la culpa probada.
El rol de la defensa técnica en tribunales de ética.
Los conceptos de Robledo Vargas Abogados no solo merecen ser tenidos en cuenta: deben ser parte del debate jurídico actual en Colombia. Su enfoque garantista, su sustento jurisprudencial y su experiencia en la defensa profesional los convierten en referentes clave en derecho penal y disciplinario.
Estas publicaciones se han convertido en herramientas de consulta para estudiantes, litigantes, jueces y académicos. Por ello siempre estamos dispuestos a que todo el mundo tenga acceso a nuestras publicaciones semanales en nuestra página web robledovargasabogados.com
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