El régimen disciplinario que rige el ejercicio profesional de la psicología en Colombia —administrado a través de los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología adscritos al Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC)— exige, como cualquier sistema sancionatorio de origen estatal, la observancia estricta del principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Sin embargo, la práctica disciplinaria revela con frecuencia un fenómeno jurídico que merece un análisis riguroso: la sanción de conductas profesionales con fundamento en principios de orientación ética general, en lugar de normas de prohibición que describan con precisión la conducta reprochada.
Desde Robledo Vargas Abogados Asociados, firma con experticia consolidada en derecho disciplinario y defensa de profesionales ante tribunales éticos y deontológicos —incluidos los procesos que se surten ante los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología de COLPSIC—, hemos identificado este defecto estructural como uno de los ejes de defensa más sólidos disponibles para los psicólogos investigados. El presente artículo desarrolla, desde una perspectiva académica, los fundamentos dogmáticos de esta línea defensiva.
1. La Distinción Dogmática entre Principio de Orientación y Norma de Prohibición
El derecho disciplinario sancionatorio, como especie del derecho administrativo sancionador, solo puede operar válidamente sobre normas de prohibición: disposiciones que describen con suficiente determinación una conducta cuya realización u omisión genera una consecuencia disciplinaria. Los principios de orientación profesional —enunciados que fijan una actitud deseable o un estándar aspiracional de conducta— carecen, por su propia naturaleza, de la capacidad de tipificar una falta.
El artículo 2 numeral 1 de la Ley 1090 de 2006, que consagra el denominado «principio de responsabilidad» de los psicólogos, ilustra con claridad esta categoría. Su redacción no prohíbe ninguna conducta específica ni describe elementos concretos cuya ausencia configure una infracción; se limita a fijar una expectativa general de diligencia profesional. Aplicar esta disposición como fundamento único de un cargo disciplinario, sin identificar la conducta prohibida con el grado de precisión que exige el principio de legalidad, compromete de manera directa las garantías de lex scripta, lex certa, lex stricta y lex praevia que informan el artículo 4 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).
2. El Principio de Congruencia entre Cargos y Fallo
Un segundo eje de defensa, de naturaleza procesal pero con implicaciones sustanciales de primer orden, es la exigencia de congruencia entre la Resolución de Cargos y el fallo sancionatorio. El derecho de defensa —garantizado por el artículo 29 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 15 de la Ley 1952 de 2019— presupone que el investigado pueda controvertir la totalidad de los fundamentos normativos sobre los cuales se edifica eventualmente su sanción.
Cuando un fallo disciplinario introduce, en la etapa de juzgamiento, normas que no fueron objeto del pliego de cargos original, se produce una variación de cargos no autorizada que vulnera el derecho de contradicción. Este defecto no es meramente formal: cuando dicha variación ocurre precisamente para suplir un déficit de tipicidad detectado en la norma originalmente cargada, la variación confirma —de manera casi confesional— la insuficiencia normativa del cargo inicial.
3. La Cascada Dogmática: Tipicidad, Antijuridicidad y Culpabilidad
La estructura tripartita del ilícito disciplinario bajo la Ley 1952 de 2019 —tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad— opera de manera secuencial y no alternativa. Cada elemento presupone la acreditación del anterior. De ello se sigue una consecuencia dogmática ineludible: si no existe una norma de prohibición que describa con precisión la conducta investigada, no puede predicarse tipicidad; sin tipicidad, no hay antijuridicidad posible, pues no puede existir contradicción con una norma que no prohíbe nada en concreto; y sin los dos elementos anteriores, la culpabilidad carece de objeto sobre el cual operar el juicio de reproche personal.
Imponer una sanción en estas condiciones equivale, en la práctica, a instaurar una forma de responsabilidad objetiva, expresamente proscrita por el artículo 10 de la Ley 1952 de 2019.
4. El Estándar de Certeza en la Ilicitud Sustancial
El artículo 9 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 2 de la Ley 2094 de 2021, exige que la conducta afecte sustancialmente el deber funcional. Este adverbio no es retórico: exige una afectación real, concreta y de entidad suficiente, verificada con el estándar de certeza que la Corte Constitucional ha decantado desde la Sentencia C-244 de 1996.
Un fallo que recurre a formulaciones hipotéticas o probabilísticas para describir el daño —expresiones del tipo «pudo haber incidido negativamente»— no satisface el estándar de certeza exigible. La ausencia de una víctima identificable, de un daño concreto y demostrable, o de un rechazo o cuestionamiento por parte de la autoridad ante la cual se presentó el producto profesional evaluado, constituyen indicadores objetivos de que la ilicitud sustancial no fue acreditada como elemento autónomo, conforme lo exige la Sentencia C-181 de 2016.
5. El Derecho a la Contradicción frente a la Auto-Pericia del Tribunal
Un último frente defensivo, de especial relevancia en los procesos disciplinarios de psicología, surge cuando el propio tribunal —integrado por profesionales de la disciplina— asume simultáneamente el rol de perito técnico y de juzgador. La autonomía probatoria del tribunal para decretar las pruebas que estime necesarias no puede confundirse con la facultad de sustituir la pericia técnica independiente, sometida a contradicción, por el juicio propio de sus integrantes.
Cuando el análisis técnico que sustenta la sanción proviene exclusivamente del criterio de los magistrados —sin mediar un dictamen pericial externo susceptible de contrapericia—, el investigado queda privado de un instrumento esencial del derecho de defensa. Esta situación compromete, además, la garantía de imparcialidad objetiva protegida por el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021.
Conclusión
Los procesos disciplinarios que se adelantan ante los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología de COLPSIC exigen una defensa técnica capaz de identificar y desarrollar, con rigor dogmático, los defectos estructurales que con frecuencia subyacen a las decisiones sancionatorias: la ausencia de una norma de prohibición con conducta específicamente descrita, la ruptura del principio de congruencia, la falta de acreditación autónoma de la ilicitud sustancial, y la vulneración del derecho a la contradicción frente a análisis técnicos no sometidos a controversia probatoria.
En Robledo Vargas Abogados Asociados hemos desarrollado una línea de defensa especializada en este tipo de procesos, articulada sobre los fundamentos dogmáticos aquí expuestos, orientada a la protección integral del ejercicio profesional de los psicólogos frente a actuaciones disciplinarias que no satisfacen los estándares constitucionales y legales del debido proceso sancionatorio.
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hacia la superación del paradigma registral desde la categoría del afectado con interés legítimo
Jhon Fernando Robledo Vargas
Abogado —Procesalista experto en Extinción de Dominio
Robledo Vargas Abogados, Bogotá Colombia
Resumen
El presente artículo somete a examen dogmático la tesis según la cual la legitimación en la causa por pasiva en el proceso de extinción de dominio no puede quedar circunscrita a la titularidad registral del bien perseguido. Se sostiene que la categoría de “afectado”, acuñada por el artículo 2.º de la Ley 1708 de 2014, desborda la noción civilista de propietario inscrito y comprende también al poseedor con justo título que, sin figurar en el folio de matrícula inmobiliaria, ostenta un vínculo jurídico y patrimonial real, verificable y anterior a la medida cautelar. A partir de una lectura sistemática de los artículos 756 y 765 del Código Civil, del bloque de constitucionalidad (artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política) y de la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza de la acción, se propone como aporte dogmático la categoría del “Derecho de Crédito con Vocación Real” para explicar la posición jurídica de quien adquirió de buena fe exenta de culpa mediante escritura pública aún no registrada. El artículo cierra con el examen de las consecuencias procesales — nulidad por indebida integración del contradictorio — que se siguen de excluir a este sujeto del proceso, y con lineamientos de aplicación práctica en las etapas inicial y de control de legalidad.
Palabras clave: extinción de dominio; legitimación por pasiva; afectado; buena fe exenta de culpa; justo título; Ley 1708 de 2014; debido proceso; integración del contradictorio.
I. Introducción
La práctica judicial en materia de extinción de dominio revela una tendencia recurrente y, a juicio de quien escribe, dogmáticamente equivocada: reducir la determinación de quién debe ser convocado al proceso — esto es, la legitimación en la causa por pasiva — a la simple consulta del certificado de tradición y libertad del bien. Bajo esta lectura, sólo quien aparece inscrito como titular registral sería parte legítima del proceso, mientras que el poseedor con escritura pública no registrada, el comprador que pagó el precio y recibió la tenencia material del bien, o el titular de un derecho real en formación, quedarían excluidos del debate procesal por no satisfacer un requisito de forma ajeno a la naturaleza misma de la acción.
Esta lectura, sustentada en una aplicación mecánica del artículo 756 del Código Civil — que gobierna la tradición del dominio entre particulares —, desconoce que la extinción de dominio no es un litigio de propiedad entre partes privadas, sino una acción constitucional autónoma mediante la cual el Estado cuestiona la licitud del origen y destino de un patrimonio. La Corte Constitucional ha explicado que se trata de una acción autónoma e independiente tanto del poder punitivo del Estado como del derecho civil ordinario, de carácter constitucional, público, jurisdiccional, directo, real y de contenido patrimonial
Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Si la acción recae sobre el bien — y no sobre la persona formalmente inscrita —, resulta dogmáticamente insostenible que el criterio decisivo para admitir a alguien como sujeto procesal sea uno puramente registral y ajeno a la relación real que esa persona tiene con la cosa. El presente artículo desarrolla esta tesis, la sustenta en el derecho positivo, la contrasta con la jurisprudencia constitucional relevante, y propone criterios de aplicación práctica en el litigio.
II. El paradigma registral tradicional y sus límites dogmáticos
2.1. El artículo 756 del Código Civil y su función en el derecho privado
El artículo 756 del Código Civil dispone que la tradición del dominio de los bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente. Esta norma cumple una función de oponibilidad: protege a los terceros que contratan de buena fe confiando en la información publicitada en el folio de matrícula inmobiliaria, y resuelve los conflictos de intereses entre quienes disputan la propiedad de un mismo bien.
Sin embargo, esa función — pensada para dirimir controversias dominicales entre particulares — no puede trasplantarse sin matices al escenario de la extinción de dominio, en el cual el sujeto que reclama no es un tercero que disputa la propiedad, sino el Estado, que cuestiona la licitud misma de la formación del patrimonio. Confundir ambos planos conduce a un error de método: se aplica la lógica de la oponibilidad registral — diseñada para proteger la seguridad del tráfico jurídico privado — a un escenario en el que lo que está en juego es la determinación de quién puede ser válidamente convocado a defender la licitud de un bien.
2.2. La naturaleza jurídica especial de la acción de extinción de dominio
El artículo 15 de la Ley 1708 de 2014, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-958 de 2014, define la extinción de dominio como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación para el afectado. La propia ley califica la acción como de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa, real y de contenido patrimonial, procedente sobre cualquier bien con independencia de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.
Esta caracterización tiene una consecuencia dogmática ineludible: si la acción es real — esto es, recae sobre el bien y es oponible erga omnes —, el criterio para determinar quién debe comparecer como sujeto procesal no puede ser puramente formal-registral. Debe ser, en cambio, un criterio funcional: quien tenga una relación jurídica, económica o posesoria real y verificable con el bien es quien está en mejor posición — y quien tiene mayor interés — para explicar ante el juez el origen lícito de los recursos y la buena fe de la adquisición. Excluirlo por razones de forma equivale a privar al proceso de la prueba más idónea sobre la licitud del patrimonio, que es precisamente lo que la acción busca esclarecer.
III. La categoría del “afectado” en la Ley 1708 de 2014
3.1. El artículo 2.º y la apertura semántica del verbo “pretender”
El artículo 2.º de la Ley 1708 de 2014 define al afectado como toda persona que se pretenda titular de derechos sobre los bienes objeto de la acción. La elección legislativa del verbo “pretender” — y no “ser” o “figurar como” — no es casual ni intrascendente: abre la puerta a quien invoca un derecho en formación, un interés legítimo o una relación jurídica todavía no consolidada en el registro público, sin exigir que dicho derecho esté perfeccionado bajo las reglas de la tradición civil.
Esta lectura se refuerza con el catálogo de garantías que la propia ley reconoce al afectado. El artículo 13 le otorga derechos específicos dentro del proceso; el artículo 11 permite que las decisiones que afecten derechos fundamentales o resuelvan de fondo aspectos sustanciales sean apeladas por quien tenga interés legítimo; y el artículo 12 extiende los efectos de cosa juzgada frente a quienes hayan sido parte de la discusión. El denominador común de estas disposiciones es el interés legítimo, no la inscripción registral.
3.2. El justo título como vínculo jurídico procesalmente relevante
El artículo 765 del Código Civil regula el justo título como fundamento de la posesión regular. Quien suscribe una escritura pública de compraventa y recibe materialmente el bien ostenta un justo título, aun cuando dicho título no haya sido inscrito. No es, en sentido estricto y frente a terceros registrales, “el dueño”; pero es indiscutiblemente un poseedor regular, con una causa jurídica seria y verificable de su tenencia.
Esta distinción es determinante para la extinción de dominio: mientras que en un litigio de propiedad entre particulares la falta de registro puede resultar oponible por el tercero registral, en la extinción de dominio no hay un tercero registral disputando el bien — hay un Estado investigando el origen de un patrimonio. Frente a esa investigación, el justo título no inscrito es prueba idónea de una adquisición seria, verificable y anterior a la medida cautelar, y por ello debe ser suficiente para reconocer legitimación procesal a quien lo ostenta.
3.3. El contenido económico y patrimonial del interés afectado
La extinción de dominio no solo extingue el derecho real de dominio en sentido técnico; en la práctica, aniquila también cualquier derecho derivado de él — posesión, tenencia, expectativas de uso y disfrute —. Quien pagó el precio del bien y recibió su tenencia material sufre, con la sentencia de extinción, la pérdida efectiva de su inversión y de su posesión, exactamente en la misma medida que quien figura inscrito en el registro. Negarle la entrada al proceso equivale a privarlo de la única oportunidad procesal de demostrar que su adquisición fue lícita y de buena fe, pese a que el impacto patrimonial de la sentencia recaerá sobre él con la misma intensidad.
IV. Fundamento constitucional de la tesis ampliada de legitimación
4.1. Prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución Política)
El artículo 228 de la Constitución Política consagra que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial. Si una persona demuestra que la transacción fue real, que el pago fue lícito y que el título — la escritura pública — es auténtico, el hecho de que el trámite administrativo de registro no se haya completado, por razones ajenas a su voluntad o incluso por simple descuido, no puede erigirse en obstáculo para el reconocimiento de su calidad de sujeto procesal. Sostener lo contrario es privilegiar la forma registral sobre la sustancia del acto jurídico, en contravía directa del mandato constitucional.
4.2. Debido proceso e integración del contradictorio (artículo 29 de la Constitución Política)
Dado que la sentencia de extinción de dominio produce efectos erga omnes, el poseedor con justo título será, en términos prácticos, el primer y más directamente perjudicado por la decisión. La Corte Constitucional ha amparado, por vía de tutela, los derechos de terceros de buena fe que se han visto afectados por procesos de extinción de dominio adelantados sin que se les hubiera permitido intervenir oportunamente, encontrando en tales casos una vulneración del derecho fundamental al debido proceso
Corte Constitucional, Sentencia T-821 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
En un sentido convergente, la Corte ha reconocido legitimación para comparecer dentro de actuaciones vinculadas a la extinción de dominio a quien invoca un interés legítimo, aun sin ostentar la titularidad formal del derecho discutido
Corte Constitucional, Sentencia T-537 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
De estas líneas jurisprudenciales se sigue un principio general y trasladable a la etapa procesal de vinculación: la garantía de defensa exige que comparezcan al proceso todos aquellos que tengan un interés legítimo respecto del bien perseguido, pues sólo así se evita que la sentencia produzca, respecto de quien no fue oído, una afectación sin oportunidad de contradicción — vicio que, en sede de nulidad, se traduce en indebida integración del contradictorio.
4.3. Protección de la buena fe (artículo 83 de la Constitución Política)
El artículo 83 de la Constitución Política consagra la presunción de buena fe de los particulares en sus actuaciones ante las autoridades. En materia de extinción de dominio, esta presunción se traduce en el estándar reforzado de la buena fe exenta de culpa: quien acredita haber actuado con la diligencia que le era exigible y desconociendo la ilicitud del origen del bien, no puede ser privado de su derecho.
La propia Corte Constitucional ha señalado que los titulares de derechos reales sobre bienes cuyo origen se encuentre viciado se presumen adquirentes de buena fe, de manera que no procede la extinción de dominio en su contra mientras no se demuestre, dentro de un proceso rodeado de garantías, que obraron con dolo o culpa grave
Corte Constitucional, Sentencia C-374 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Quien concurre a una notaría pública para elevar a escritura un contrato de compraventa actúa, en principio, bajo el amparo de esta presunción. Excluirlo del proceso porque “no aparece en el folio” equivale a presumir, sin fundamento, que su interés carece de valor jurídico, cuando en realidad es el sujeto que se encuentra en mejor posición para acreditar la trazabilidad lícita de los fondos empleados en la adquisición — que es, precisamente, el objeto de prueba central de la acción.
V. Tesis dogmática: el derecho de crédito con vocación real
A partir de las premisas anteriores, se propone la siguiente formulación dogmática como aporte al debate sobre la legitimación por pasiva en la extinción de dominio:
“En la acción de extinción de dominio, la legitimación en la causa por pasiva no se agota en la titularidad registral. El poseedor con justo título — escritura pública no registrada — es titular de un Derecho de Crédito con Vocación Real, que lo constituye en Afectado Directo dentro del proceso. Su exclusión configura una vía de hecho por defecto procedimental, en tanto la Ley 1708 de 2014 persigue la verdad real sobre el origen y destino de los bienes, y no la simple validación de la publicidad registral.” — Jhon Fernando Robledo Vargas.
La expresión “Derecho de Crédito con Vocación Real” busca nombrar dogmáticamente una posición jurídica intermedia: no es todavía, frente al registro, un derecho real pleno y oponible erga omnes en el sentido del artículo 756 del Código Civil; pero tampoco es un mero derecho personal desprovisto de conexión con la cosa. Es un derecho personal — nacido del contrato de compraventa y de la entrega material del bien — dotado de una vocación de consolidación real, que la falta de registro no puede neutralizar frente al Estado cuando de por medio está la determinación de quién debe responder por la licitud del patrimonio.
Esta categoría permite superar la falsa disyuntiva entre “propietario inscrito” y “tercero sin interés”, dando cabida a una tercera posición — la del afectado directo — que la Ley 1708 de 2014 ya reconoce en su artículo 2.º, aunque la práctica judicial tienda a desconocerla por apego a la lógica registral del derecho civil clásico.
VI. Aplicación práctica en las etapas del proceso
6.1. En la etapa inicial: la prueba del vínculo jurídico y económico
El litigante debe presentar la escritura pública, junto con la prueba del pago del precio y de la entrega material del bien, no como prueba de dominio en sentido civil, sino como fundamento de la vinculación al proceso en calidad de Afectado con interés legítimo, en los términos del artículo 2.º de la Ley 1708 de 2014. La estrategia procesal correcta no consiste en solicitar el reconocimiento como “dueño” según las reglas del Código Civil, sino en acreditar la existencia de un interés jurídico y económico real, serio y anterior a la medida cautelar, suficiente para activar las garantías procesales que la ley reconoce al afectado.
6.2. En el control de legalidad de las medidas cautelares
Si la Fiscalía General de la Nación excluye a esta persona del proceso o de la diligencia de que se trate, corresponde acudir ante el juez de control de legalidad, alegando que la medida cautelar recae sobre un bien cuya realidad posesoria y contractual está en cabeza de un tercero cuyo interés el Estado no puede desconocer sin quebrantar el debido proceso. Este planteamiento debe ir acompañado de la prueba documental del justo título y de los elementos que acrediten la buena fe exenta de culpa en la adquisición, de manera que el juez cuente con los elementos de juicio necesarios para ordenar la vinculación formal del afectado.
VII. Riesgos de la tesis restrictiva: la vía de hecho por defecto procedimental
Cuando el operador judicial excluye del proceso a quien ostenta un justo título no registrado, sin verificar la realidad de su vínculo con el bien, incurre en un defecto procedimental susceptible de ser corregido por vía de nulidad o, en los casos en que se agoten los medios ordinarios de defensa, por vía de tutela contra providencia judicial. La razón es sencilla: si la sentencia de extinción de dominio tiene efectos erga omnes y afecta directamente el patrimonio de quien no fue oído, la falta de vinculación configura una indebida integración del contradictorio, vicio que compromete la validez misma de la actuación.
Este riesgo no es meramente teórico. La experiencia litigiosa muestra casos en los que compradores de buena fe, que actuaron amparados en la información del folio de matrícula o en un justo título debidamente perfeccionado ante notario, han debido acudir a la acción de tutela para obtener la protección de su derecho al debido proceso frente a decisiones de extinción de dominio adoptadas sin su participación. La tesis aquí sostenida busca precisamente anticipar y prevenir ese escenario, mediante el reconocimiento oportuno de la legitimación del afectado desde las primeras etapas del proceso.
Conclusiones
1. La extinción de dominio es una acción constitucional, real y de contenido patrimonial que no puede regirse, en materia de legitimación por pasiva, por las mismas reglas registrales que gobiernan los conflictos de propiedad entre particulares.
2. El artículo 2.º de la Ley 1708 de 2014, al definir al afectado mediante el verbo “pretender”, habilita el reconocimiento como sujeto procesal de quien ostenta un justo título no registrado, siempre que acredite un vínculo jurídico y económico real, serio y anterior a la medida cautelar.
3. Los artículos 228, 29 y 83 de la Constitución Política — prevalencia del derecho sustancial, debido proceso y presunción de buena fe — ofrecen un fundamento constitucional sólido para superar el paradigma puramente registral en la determinación de la legitimación por pasiva.
4. La categoría del “Derecho de Crédito con Vocación Real” propuesta en este artículo busca dotar de sustento dogmático a la posición del poseedor con justo título no registrado, reconociéndolo como Afectado Directo dentro del proceso de extinción de dominio.
5. La exclusión de este sujeto del contradictorio, sin verificación previa de su vínculo con el bien, constituye un defecto procedimental que compromete la validez de la actuación y que debe ser corregido mediante los mecanismos de control de legalidad y, en su caso, de nulidad o tutela.
La extinción de dominio es una herramienta legítima y necesaria para combatir la criminalidad organizada; pero su eficacia no puede construirse a costa de convertirla en una trampa formalista que despoje de sus bienes a ciudadanos que actuaron de buena fe. Si la acción recae sobre el bien, quien lo posee materialmente y ostenta un título serio de adquisición es, en estricto rigor dogmático, la persona con la que el Estado debe litigar. El registro cumple una función de publicidad frente a terceros; la escritura pública es la prueba de la voluntad negocial y de la licitud del acto. Reconocer esta distinción no debilita la institución de la extinción de dominio: la fortalece, al asegurar que sus efectos recaigan sobre patrimonios efectivamente ilícitos y no sobre la buena fe de quien confió en el ordenamiento jurídico.
Referencias
Congreso de la República de Colombia. (1873). Código Civil de los Estados Unidos de Colombia [Ley 84 de 1873].
Congreso de la República de Colombia. (2014). Código de Extinción de Dominio [Ley 1708 de 2014]. Diario Oficial n.º 49.039.
Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991).
Corte Constitucional de Colombia. (1997). Sentencia C-374 de 1997 [M.P. José Gregorio Hernández Galindo].
Corte Constitucional de Colombia. (2003). Sentencia C-740 de 2003 [M.P. Jaime Córdoba Triviño].
Corte Constitucional de Colombia. (2003). Sentencia T-537 de 2003 [M.P. Eduardo Montealegre Lynett].
Corte Constitucional de Colombia. (2014). Sentencia C-958 de 2014.
Corte Constitucional de Colombia. (2014). Sentencia T-821 de 2014 [M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez]. Robledo Vargas, J. F. (2026). Notas de práctica sobre legitimación por pasiva en extinción de dominio. Robledo Vargas Abogado
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Legitimación por Pasiva en Extinción de Dominio: ¿Quién es el «Afectado» según la Ley 1708 de 2014?
Si usted compró un bien inmueble o un vehículo mediante escritura pública o contrato de compraventa, y ese bien resultó vinculado a un proceso de extinción de dominio, es posible que la ley lo ampare como afectado con interés legítimo — así el registro no esté a su nombre. Le explicamos por qué, y qué debe hacer.
La pregunta que todo poseedor de buena fe debe hacerse
Uno de los errores más costosos en la defensa de un bien perseguido por extinción de dominio es asumir que, si el certificado de tradición y libertad no registra su nombre, usted no tiene nada que hacer en el proceso. Esa idea es jurídicamente incorrecta, y en Robledo Vargas Abogados la hemos desvirtuado con éxito en múltiples procesos a nivel nacional.
La extinción de dominio no es un pleito de propiedad entre particulares — es una acción del Estado para investigar el origen de un patrimonio. Y frente a esa investigación, quien tiene un justo título, aunque no esté inscrito, tiene mucho que decir.
El concepto de «afectado» en la Ley 1708 de 2014
El artículo 2 de la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) define al afectado como toda persona que se pretenda titular de derechos sobre los bienes objeto de la acción. La ley no exige que ese derecho esté perfeccionado ante el registro — exige, apenas, un interés legítimo y verificable.
Esto significa que pueden ser reconocidos como afectados, entre otros:
El propietario inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria.
El poseedor con escritura pública de compraventa aún no registrada.
El comprador que pagó el precio y recibió la tenencia material del bien.
El titular de un derecho real en formación con causa jurídica seria.
Criterio
Litigio civil de propiedad
Extinción de dominio
¿Quién demanda?
Un particular
El Estado
¿Qué se discute?
Quién es el dueño
Si el patrimonio es lícito
Rol del registro
Determinante (Art. 756 C.C.)
Un indicio, no el único criterio
Rol del justo título
Secundario frente al registro
Prueba central de buena fe
Buena fe exenta de culpa: el corazón de la defensa
El artículo 83 de la Constitución Política presume la buena fe de los particulares. La Corte Constitucional ha señalado que quien adquiere un bien sin conocer su origen ilícito, y sin incurrir en dolo o culpa grave, se presume adquirente de buena fe, y en su contra no procede la extinción de dominio sin que ello se desvirtúe dentro de un proceso con todas las garantías.
En términos prácticos: si usted pagó el precio de un bien, firmó una escritura pública ante notario y no tenía forma de saber que ese bien estaba vinculado a actividades ilícitas, la ley lo protege. Pero esa protección solo opera si usted es oportunamente reconocido como parte del proceso — y ahí es donde una defensa técnica especializada marca la diferencia.
¿Qué debe hacer si su bien está en un proceso de extinción de dominio?
Reúna la prueba de su justo título: escritura pública, contrato de compraventa, comprobantes de pago del precio.
Solicite su reconocimiento como afectado ante la Fiscalía o el juez de conocimiento, invocando el artículo 2 de la Ley 1708 de 2014.
Si es excluido del proceso, acuda ante el juez de control de legalidad para que se ordene su vinculación formal.
Documente la trazabilidad lícita de los fondos usados en la adquisición — es la prueba que mejor sustenta la buena fe exenta de culpa.
¿Su bien fue vinculado a un proceso de extinción de dominio?
¿Quién puede ser parte en un proceso de extinción de dominio en Colombia?Todo «afectado» en los términos del artículo 2 de la Ley 1708 de 2014: quien se pretenda titular de derechos sobre el bien, tenga o no registro a su nombre.¿Qué pasa si compré un bien de buena fe y ahora está en un proceso de extinción de dominio?La Constitución y la jurisprudencia constitucional protegen a quien actuó con buena fe exenta de culpa, siempre que acredite oportunamente su justo título y solicite su vinculación como afectado.¿La falta de registro de una escritura pública impide defenderse en extinción de dominio?No necesariamente. El justo título no registrado puede ser prueba suficiente de un vínculo jurídico y económico real con el bien, distinto de la titularidad registral exigida entre particulares.¿Qué hago si la Fiscalía no me reconoce como afectado?Puede acudirse ante el juez de control de legalidad para solicitar la vinculación formal, con el respaldo de representación jurídica especializada.
Jhon Fernando Robledo Vargas
Abogado litigante
Fundador de Robledo Vargas Abogados Asociados, firma con cobertura nacional especializada en extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), defensa disciplinaria de abogados y profesionales (Ley 1123 de 2007), derecho constitucional y derecho penal militar. Autor de doctrina jurídica sobre legitimación procesal, prescripción adquisitiva y buena fe en procesos de extinción de dominio.
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El equilibrio entre la facultad de autorregulación de las Instituciones de Educación Superior (IES) y los derechos fundamentales de sus discentes constituye uno de los escenarios de mayor tensión en el derecho constitucional contemporáneo. Si bien la Carta Política de 1991 consagró en su artículo 69 la autonomía universitaria como una garantía indispensable para la libertad de cátedra y la libre autoorganización, esta prerrogativa dista de ser un fuero de impunidad jurídica.
En los procesos disciplinarios estudiantiles, es frecuente observar cómo las universidades, amparadas en una interpretación hiperbólica de sus reglamentos internos, desbordan sus competencias e imponen sanciones que truncan proyectos de vida académicos. Desde la perspectiva de la alta consultoría legal de Robledo Vargas Abogados, firma líder en litigio constitucional y defensa de derechos fundamentales en Colombia, se hace imperativo delimitar con precisión científica el momento exacto en que la autonomía universitaria entra en pugna con la Constitución y cuáles son las herramientas dogmáticas para estructurar una defensa técnica inexpugnable.
El Escenario del Litigio: Experiencia en las Grandes Aulas del País
La práctica litigiosa de Robledo Vargas Abogados ha demostrado que ninguna institución, por más prestigiosa o tradicional que sea, está exenta de cometer yerros procedimentales en la aplicación de su ius puniendi doméstico. Nuestra firma ha asumido con éxito la representación técnica de estudiantes ante los consejos y comités disciplinarios de las más connotadas universidades privadas de Colombia, protegiendo el futuro profesional de alumnos en diversas facultades y decanaturas:
Universidad de los Andes: Intervención especializada en procesos de alta complejidad por presuntos fraudes académicos y comités de ética en las decanaturas de Medicina, Ingeniería y Derecho.
Universidad del Rosario: Defensa estratégica frente a investigaciones disciplinarias por faltas disciplinarias especiales y régimen de convivencia ante el Consejo de la Rectoría y decanaturas de Jurisprudencia y Ciencias de la Salud.
Universidad de San Buenaventura: Litigio constitucional en sedes regionales (como Cali, Medellín y Bogotá) en salvaguarda de los derechos al debido proceso ante decanaturas de Psicología, Ciencias Empresariales e Ingenierías.
Pontificia Universidad Javeriana: Representación jurídica rigurosa en procesos disciplinarios sustanciados ante los comités de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Ingeniería y Medicina (sedes Bogotá y Cali).
Universidad Icesi: Acciones de tutela de vanguardia y defensa técnica ante los comités académicos y disciplinarios en carreras de alta exigencia como Medicina, Diseño de Medios Interactivos y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
El Núcleo de la Pugna: Cuando el Reglamento Cede ante la Carta Política
La jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional colombiana ha sido categórica al señalar que la autonomía de las IES privadas encuentra su límite en el respeto a los derechos fundamentales. La tensión jurídica se agudiza cuando el reglamento estudiantil de universidades como Los Andes, el Rosario, la Javeriana, San Buenaventura o Icesi colisiona con el artículo 29 constitucional: el debido proceso.
El error seminal de múltiples claustros académicos radica en asumir que, por tratarse de un vínculo de derecho privado o de una relación corporativa interna, los estándares de garantías pueden flexibilizarse. La doctrina señala todo lo contrario: el debido proceso administrativo se aplica con igual rigurosidad a las actuaciones de los particulares que ejercen la función pública de la educación. Por consiguiente, cualquier disposición reglamentaria que restrinja de forma desproporcionada la defensa de un estudiante es, per se, inconstitucional.
Ventajas Defensivas Estratégicas en Procesos Disciplinarios Estudiantiles
Quien asume la representación y defensa técnica de un estudiante universitario no puede limitarse a una simple contestación de descargos de carácter retórico. A partir de la línea jurisprudencial consolidada (particularmente desde las sentencias hito como la T-720 de 2012 y la T-087 de 2020), Robledo Vargas Abogados capitaliza cuatro ventajas defensivas críticas:
1. El Control de Tipicidad Estricta
Las universidades suelen imputar conductas bajo fórmulas abiertas o «conceptos jurídicos indeterminados» insertos en sus manuales de convivencia (ej. «actos contrarios a la moral universitaria» o «indisciplina manifiesta»).
Ventaja Defensiva: El principio de legalidad exige la preexistencia de la falta y de la sanción de forma expresa y taxativa. Si el reglamento de la IES no describe con precisión milimétrica la conducta reprochada, la imputación adolece de un vicio de nulidad por violación a la tipicidad, un argumento que nuestra firma ha hecho valer con éxito ante decanaturas de la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario.
2. La Incompetencia Sancionatoria Sobre Egresados Titulados
Un escenario procesal recurrente es el inicio de investigaciones por presuntos fraudes o plagios detectados con posterioridad a la ceremonia de graduación o cuando el alumno ya ha culminado materias.
Ventaja Defensiva: La potestad disciplinaria de las universidades es de naturaleza relacional; se activa únicamente mientras se ostente la condición de estudiante activo. La jurisprudencia determina que las universidades carecen de competencia temporal para adelantar procesos disciplinarios en contra de egresados titulados, lo que blinda inmediatamente la esfera del exalumno.
3. Ruptura del Principio de Congruencia
Es habitual que la investigación comience por un hecho menor y termine con una sanción de expulsión o suspensión extendida basada en hallazgos colaterales no formulados en el pliego de cargos inicial.
Ventaja Defensiva: El fallo definitivo de la autoridad universitaria debe ser estrictamente motivado y congruente con los cargos imputados desde el inicio. Cualquier mutación de la plataforma fáctica sin la debida notificación y apertura de un nuevo término para descargos invalida la actuación, configurando una flagrante vía de hecho por indefensión material, estrategia clave aplicada por nuestros expertos en las decanaturas de la Pontificia Universidad Javeriana e Icesi.
4. Inobservancia de la Doble Instancia Real
Muchos reglamentos estudiantiles concentran el poder de decisión y de apelación en órganos colegiados con composiciones mixtas o idénticas, desnaturalizando la garantía del recurso.
Ventaja Defensiva: El derecho a controvertir la decisión sancionatoria mediante recursos adecuados es un elemento del núcleo esencial del debido proceso. Si la estructura de la universidad (como ocurre en ocasiones en subcomités de la Universidad de San Buenaventura) no garantiza que el superior jerárquico sea un órgano totalmente independiente y sin prevención, se produce un quebrantamiento procedimental insubsanable controlable vía tutela.
Reflexión Jurídica Corporativa
La defensa en el derecho sancionatorio universitario exige un estándar de especialización idéntico al del derecho penal o el derecho disciplinario de los servidores públicos. La autonomía universitaria es un baluarte de la libertad académica, pero jamás un territorio exento del control constitucional. Cuando las instituciones de educación superior olvidan que sus estatutos están subordinados a los derechos fundamentales de sus alumnos, la intervención de una defensa técnica, científica y estratégica se vuelve el único mecanismo idóneo para restablecer el imperio de las garantías constitucionales.
En Robledo Vargas Abogados, nuestra práctica legal combina el rigor académico con el diseño de estrategias de litigio constitucional de vanguardia, asegurando que la potestad disciplinaria de los centros educativos se mantenga siempre dentro de los cauces de la legalidad y la justicia.
En el próximo artículo sobre temas disciplinarios:
Doctrinante e Investigador en Derecho Disciplinario y Derecho de los Bienes
Introducción: La Constitucionalización y Convencionalización del Derecho Disciplinario Colombiano
El derecho disciplinario contemporáneo en Colombia ha superado la vieja concepción que lo reducía a un simple apéndice del derecho administrativo funcional. Hoy en día, se erige como una vertiente autónoma, sofisticada y rigurosa del ius puniendi estatal. Esta autonomía dogmática exige que la potestad sancionatoria no sea entendida como una prerrogativa omnímoda de la administración para disciplinar a sus servidores, sino como una actividad estrictamente reglada, vinculada materialmente a los postulados del debido proceso consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y en los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad.
La transición normativa que supuso la derogatoria de la Ley 734 de 2002 y la subsiguiente implementación de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) —profundamente modificada por la Ley 2094 de 2021 para armonizar el ordenamiento interno con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Petro Urrego vs. Colombia— introdujo un nuevo paradigma procesal. Desde la academia y el ejercicio del litigio estratégico en Robledo Vargas Abogados, sostenemos que el éxito de este diseño garantista no depende únicamente de la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento. Depende, de forma categórica, del respeto irrestricto al principio de legalidad de las formas y a la preclusión obligatoria de las etapas procesales dentro de los términos estrictamente fijados por el legislador.
1. Fundamentos Dogmáticos del Nuevo Régimen Disciplinario
Para comprender la estructura del procedimiento actual, es indispensable analizar los pilares sustanciales que redefinieron la responsabilidad del servidor público. La Ley 1952 de 2019 abandonó conceptos ambiguos para decantarse por una dogmática más cercana al derecho penal garantista, aunque conservando su especificidad funcional.
La Ilicitud Sustancial como Categoría Matriz
A diferencia del régimen anterior, donde la simple infracción del deber formal adoptaba ribetes de falta, el régimen actual exige la constatación de la ilicitud sustancial. Esto significa que la conducta del sujeto disciplinable no solo debe contrariar formalmente el ordenamiento jurídico, sino que debe afectar de manera sustancial la función pública, los fines del Estado o los principios de la administración, sin justificación alguna. Esta exigencia eleva el listón argumentativo para el operador disciplinario, quien ya no puede sancionar basándose en la mera constatación objetiva del incumplimiento de un manual de funciones.
El Filtro de la Culpabilidad
El nuevo estatuto erradicó de manera definitiva cualquier vestigio de responsabilidad objetiva. La calificación de la conducta debe transitar obligatoriamente por el tamiz del dolo o la culpa (artículo 28 del Código General Disciplinario). Las modalidades de la culpa quedaron estrictamente tasadas en gravísima (por ignorancia supina, desatención elemental o violación de reglas de obligatorio cumplimiento) y grave (por inobservancia del cuidado necesario). Este refinamiento analítico obliga a que las etapas de investigación se concentren en el recaudo de pruebas idóneas para demostrar el aspecto subjetivo de la conducta, proscribiendo las imputaciones automáticas.
2. Disección Analítica de las Etapas del Procedimiento Disciplinario
El legislador colombiano estructuró el proceso bajo una estricta lógica secuencial, diseñada para asegurar el derecho de contradicción y la imparcialidad del juzgador. A continuación, se detallan las fases que integran la actuación procesal ordinaria, prescindiendo de esquemas gráficos para profundizar en el rigor material de cada institución:
A. La Indagación Previa: Una Fase Pre-procesal, Excepcional y Restringida
La indagación previa ya no es una etapa obligatoria ni generalizada. Bajo la vigencia de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, esta fase adquiere una naturaleza estrictamente restrictiva y eventual. Su procedencia se activa única y exclusivamente ante tres escenarios específicos: cuando no exista certeza sobre la ocurrencia de la conducta, cuando persistan dudas sobre si la misma es constitutiva de falta disciplinaria, o cuando el presunto autor sea indeterminado.
El objeto de la indagación previa se reduce a despejar estas tres incógnitas. No es un espacio para adelantar una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad sustancial ni para acopiar material probatorio ajeno a estos fines. Tan pronto como el operador identifique al servidor público presuntamente implicado y verifique que la conducta reviste características de falta, está obligado a proferir auto de apertura de investigación o, en su defecto, el archivo definitivo de las diligencias.
B. La Investigación Disciplinaria: El Escenario del Recaudo Probatorio Técnico
Una vez individualizado e identificado el sujeto disciplinable, se da inicio formal al proceso mediante la apertura de la investigación disciplinaria. El propósito fundamental de esta etapa es el perfeccionamiento del acervo probatorio. Aquí, el funcionario de instrucción debe actuar bajo el principio de objetividad, lo que implica recolectar con igual celo y rigor tanto las pruebas que demuestren la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, como aquellas que lo eximan de responsabilidad o atenúen su culpabilidad.
Durante esta fase, el disciplinado goza de la plenitud de sus garantías procesales: puede solicitar pruebas, intervenir en la práctica de las mismas, designar un defensor técnico y controvertir cada uno de los elementos materiales de convicción incorporados al expediente. La investigación concluye con una decisión de fondo que puede adoptar dos vías: el archivo definitivo de la actuación o la formulación de pliego de cargos.
C. El Juzgamiento: La Consagración de la Imparcialidad Funcional
El juzgamiento constituye la fase cúspide del modelo garantista de la Ley 1952 de 2019. Se inicia formalmente con la notificación del pliego de cargos y comporta un cambio radical de competencia. El funcionario que adelantó la etapa de instrucción (investigación) pierde el conocimiento del proceso, el cual es asumido por un operador disciplinario de juzgamiento, totalmente independiente y autónomo.
Este diseño institucional impide el prejuicio cognitivo del juzgador. En esta etapa se surte la presentación de los descargos por parte de la defensa, se decretan y practican las pruebas solicitadas para desvirtuar los cargos, y se concede el término para los alegatos de conclusión. Finalmente, el proceso culmina con la expedición del fallo de primera instancia, el cual es susceptible de los recursos de ley.
3. El Régimen Cronológico de la Etapa de Investigación contra Funcionarios Públicos
El legislador dotó a la etapa de investigación disciplinaria de términos precisos con el fin de evitar la parálisis de los despachos y la incertidumbre de los procesados. Conforme a lo normado en el artículo 213 del Código General Disciplinario, el término perentorio para el perfeccionamiento de la investigación es de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la decisión de apertura.
No obstante, el ordenamiento jurídico previó un sistema de flexibilización temporal tasado, excepcional y condicionado a criterios de estricta necesidad:
Prórroga Ordinaria por Complejidad: El término de seis meses podrá prorrogarse por una sola vez hasta por otro término igual (6 meses), exclusivamente cuando se investiguen faltas gravísimas o cuando la complejidad del recaudo probatorio lo justifique (como la necesidad de practicar dictámenes periciales contables, auditorías financieras o la obtención de pruebas en el exterior).
Ampliación por Concurrencia Subjetiva o Real: En aquellos eventos donde en el proceso disciplinario concurran dos o más investigados, o se formulen imputaciones por múltiples faltas conexas, el término de la investigación podrá ampliarse hasta por doce (12) meses más.
La norma es clara al señalar que estos plazos adicionales no operan de forma automática ni por el simple transcurso del tiempo; requieren de un acto administrativo motivado donde el funcionario de instrucción justifique jurídicamente la necesidad insoslayable de la extensión cronológica.
4. Perspectiva Crítica: El Plazo Razonable como Límite Infranqueable al Ius Puniendi Estatal
La crítica científica y dogmática que formulamos con vehemencia desde nuestra firma Robledo Vargas Abogados se dirige contra una patología institucional profundamente arraigada en el territorio nacional: la normalización sistemática de la prórroga de los términos investigativos. En reiterados debates especializados promovidos en los espacios de Ámbito Jurídico, se ha denunciado cómo los operadores disciplinarios —pertenecientes tanto a las oficinas de control interno de las entidades estatales como a la Procuraduría General de la Nación— han convertido la excepción temporal en la regla general de tramitación.
Se ha vuelto una práctica burocrática común que, ante la incapacidad operativa, la falta de planeación investigativa o la simple desidia de las oficinas de instrucción, se profieran autos de prórroga mecanizados empleando fórmulas ambiguas como «por necesidades del servicio» o «para garantizar el debido proceso». Esta deformación práctica desnaturaliza por completo el espíritu garantista de la Ley 1952 de 2019 y lesiona de muerte la seguridad jurídica por los motivos que exponemos a continuación:
A. La Naturaleza Preclusiva y Vinculante de las Formas Procesales
En el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, los términos procesales no representan meras pautas indicativas, consejos cronológicos o sugerencias de optimización para la administración pública. Los plazos legales son garantías sustanciales de carácter preclusivo, diseñadas para poner límites a la inmensa asimetría de poder que existe entre el Estado y el ciudadano.
Permitir que la etapa instructora se prolongue de manera injustificada más allá de los seis meses fijados por la ley penaliza al servidor público con un estado de sospecha e indefensión permanente. El proceso en sí mismo se transforma en un castigo, afectando la estabilidad laboral, la honra, el patrimonio moral y la dignidad humana del investigado.
B. El Bloque de Convencionalidad y los Criterios de Razonabilidad Temporal
De conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado pacíficamente que el principio de plazo razonable es plenamente aplicable a las actuaciones de carácter administrativo sancionatorio y disciplinario.
Para evaluar si se ha violado esta garantía convencional, la jurisprudencia internacional ha establecido cuatro criterios concurrentes que los operadores colombianos suelen ignorar:
La Complejidad del Asunto: Exige demostrar que el debate jurídico o el escenario probatorio reviste una dificultad técnica genuina que desborda las capacidades ordinarias del despacho. Una investigación por una presunta falta menor o un ausentismo laboral jamás podría catalogarse como compleja para justificar una prórroga.
La Actividad Procesal del Interesado: Evalúa si el disciplinado desplegó conductas dilatorias, maniobras temerarias o abusos del derecho que impidieron el avance normal del proceso. Si el investigado ha mantenido una actitud colaborativa o pasiva, la demora es imputable exclusivamente al Estado.
La Conducta de las Autoridades Competentes: Analiza la diligencia del operador. La inactividad del despacho, el retraso en el archivo de carpetas o la demora en el trámite de notificaciones constituyen fallas institucionales que no pueden ser trasladadas como una carga perjudicial al investigado.
La Afectación Real sobre la Situación Jurídica del Implicado: Mide el impacto que el paso del tiempo genera en la vida del sujeto investigado. En el ámbito de la función pública, la prolongación indefinida de un proceso disciplinario puede truncar ascensos, congelar carreras administrativas y destruir reputaciones profesionales de forma irreversible.
Cuando un operador disciplinario deja vencer los seis meses ordinarios de investigación sin haber decretado ni practicado las pruebas conducentes, y acude a la prórroga para «subsanar» su propia inercia, está incurriendo en una abierta desviación de poder y en una flagrante violación de las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
C. Las Consecuencias de la Inobservancia: Caducidad, Prescripción y Nulidad
La seguridad jurídica exige que las omisiones y demoras de la administración tengan consecuencias sustanciales. No es admisible que el Estado goce de un plazo elástico e indeterminado para ejercer su potestad sancionadora. La inobservancia de los términos fijados en la Ley 1952 de 2019 debe conducir irremediablemente a la pérdida de competencia del operador y, por vía de consecuencia, a la configuración de causales de nulidad insaneables por vulneración del debido proceso.
Asimismo, la lentitud en la instrucción acelera los fenómenos jurídicos de la caducidad de la acción (vencimiento del plazo para iniciar formalmente el proceso) y de la prescripción de la sanción (pérdida de la facultad para imponer la sanción por el transcurso del tiempo). El estricto acatamiento de los términos temporales obliga a las entidades del Estado a dotarse de personal calificado, a tecnificar sus procesos de investigación financiera y a actuar con la máxima diligencia. La ineficiencia estatal no puede ser saneada a costa de los derechos del ciudadano.
Conclusiones
La Ley 1952 de 2019, con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 2021, estructuró un procedimiento disciplinario formalmente alineado con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, este avance normativo corre el riesgo de convertirse en letra muerta si la práctica administrativa cotidiana continúa tolerando la desidia temporal y la extensión arbitraria de las etapas de investigación.
El rigor temporal en la investigación contra funcionarios públicos no constituye un formalismo accesorio o una regla puramente procesal; representa el dique de contención constitucional frente a la arbitrariedad del poder estatal.
Desde la tribuna de la doctrina jurídica y en el ejercicio riguroso de la defensa técnica que adelantamos en Robledo Vargas Abogados, sostenemos que la prolongación indebida de los términos despoja al derecho disciplinario de su validez ética y constitucional. El ius puniendi del Estado debe ser ágil, oportuno y respetuoso de sus propios límites cronológicos; de lo contrario, deja de ser una herramienta legítima de moralización pública para convertirse en un mecanismo de persecución, desgaste institucional e injusticia palmaria contra los servidores de la Nación.
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Medidas cautelares de embargo y secuestro: El impacto de la extinción de dominio en el Valle del Cauca y Quindío
El reciente reporte de las autoridades confirma que múltiples bienes en Cali y el Valle entrarían en extinción de dominio por caso de lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación ha impuesto medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes presuntamente vinculados a Valentina Forero Álvarez, extraditada a los Estados Unidos por cargos de lavado de activos relacionados con el narcotráfico internacional.
Las propiedades afectadas, que superan un valor estimado de 7.300 millones de pesos, abarcan no solo inmuebles y vehículos, sino también establecimientos de comercio ubicados en Cali, Jamundí y Sevilla (Valle del Cauca), así como en Armenia (Quindío).
Este caso pone de manifiesto una de las estrategias más comunes de la Fiscalía: perseguir activos que figuran a nombre de familiares, allegados y presuntas empresas fachada bajo el argumento de que estos «no contaban con la capacidad económica para justificar su adquisición».
El peligro procesal: Cuando la «falta de capacidad económica» afecta a terceros legítimos
Cuando la Fiscalía inicia un proceso de extinción de dominio basándose en la aparente falta de capacidad financiera del titular, se activa una de las dinámicas más complejas de la Ley 1708 de 2014. Como firma referente, en Robledo Vargas Abogados aclaramos que este escenario suele arrastrar a personas inocentes que, por vínculos familiares o comerciales, terminan con sus bienes embargados.
La extinción de dominio en Colombia es una acción real (in rem) y completamente autónoma del proceso penal. Esto significa que, aunque la persona investigada sea extraditada o juzgada en el exterior, la discusión sobre los bienes se queda en Colombia y gira en torno a un eje estrictamente técnico: la trazabilidad financiera.
Si la Fiscalía argumenta que un familiar o un socio no tenía la solvencia para adquirir un vehículo o un establecimiento de comercio, la carga de la prueba se traslada al afectado. Es allí donde el acompañamiento de abogados expertos en extinción de dominio en Colombia resulta indispensable.
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El poder punitivo del Estado, manifestado tanto en el derecho penal como en el derecho disciplinario, encuentra su frontera infranqueable en el bloque de constitucionalidad y en las garantías que integran el debido proceso (Artículo 29 de la Constitución Política). Dentro de estas garantías, el instituto de la prescripción de la acción y la fijación de un término perentorio para las etapas procesales representan los pilares sobre los cuales se edifica la seguridad jurídica.
No obstante, en el marco del Estatuto Deontológico del Abogado (Ley 1123 de 2007), la configuración jurisprudencial de la falta consagrada en el artículo 35, numeral 4° —referente a la no entrega a la mayor brevedad posible de dineros, bienes o documentos recibidos en virtud del encargo— como una conducta de ejecución permanente, ha prohijado una lectura desmedida e inconstitucional por parte de las Comisiones de Disciplina Judicial. Bajo la falacia de que «mientras persista la retención, el término de prescripción no se activa», la judicatura ha instaurado veladamente una suerte de imprescriptibilidad de facto.
El presente ensayo jurídico demuestra por qué, una vez iniciado el proceso disciplinario, la potestad sancionatoria estatal no puede quedar suspendida en un limbo temporal indefinido. Postulo que, en estricta simetría con el proceso penal, la acción disciplinaria debe regirse por un término prescriptivo preclusivo interno tras su iniciación, so pena de transmutar el procedimiento en una pena en sí misma y socavar flagrantemente el principio del plazo razonable.
I. La Homogeneidad del Ius Puniendi y el Paralelo Obligado con el Proceso Penal
Es un axioma decantado por la Corte Constitucional colombiana que el derecho penal y el derecho disciplinario son especies de un mismo género: el derecho punitivo del Estado (ius puniendi). Si bien difieren en sus fines particulares —protección de bienes jurídicos fundamentales versus salvaguarda de la función pública y la ética profesional—, ambas disciplinas comparten la misma matriz axiológica y constitucional. Por consiguiente, las garantías mínimas consagradas para el procesado penal son aplicables, con los matices propios de la materia, al investigado disciplinariamente.
En el derecho penal, la estructura del delito permanente (como el secuestro o la desaparición forzada) impone que el término prescriptivo de la acción no empiece a contarse sino hasta el cese de la consumación. Sin embargo, un hito procesal sustancial ocurre una vez que el aparato judicial interviene y se vincula formalmente al procesado (mediante la formulación de imputación o la acusación, según el régimen). A partir de allí, el legislador penal previó de forma obligatoria términos de prescripción de la acción en la etapa de instrucción y de juicio (Artículos 84 y 86 de la Ley 906 de 2004).
El fundamento penal: El proceso penal no puede ser eterno. Iniciada la actuación, el reloj de la prescripción adquiere una nueva dinámica procesal (la interrupción y el conteo de un término remanente o de mitad del tiempo originario) para evitar que el ciudadano permanezca sometido ad eternum a la sospecha oficial y al arbitrio de la desidia estatal.
Este diseño, lejos de ser un mero capricho legislativo, es la materialización del principio de seguridad jurídica. En contraste, la práctica actual en los procesos disciplinarios de la Ley 1123 de 2007 frente a las faltas permanentes subvierte este mandato. Bajo la actual interpretación, si un abogado es denunciado por la retención de un dinero, y la Comisión Seccional decide iniciar la indagación o investigación, el proceso puede aletargarse durante años en sus etapas internas sin que opere sanción o archivo por prescripción, escudándose los magistrados en que, al no haberse reintegrado el dinero, la conducta «se sigue cometiendo minuto a minuto», incluso con el expediente ya abierto.
II. La Vulneración al Debido Proceso y la Degradación del Plazo Razonable
Esta desnaturalización del proceso disciplinario engendra una abierta vulneración al debido proceso por tres razones de orden dogmático y constitucional:
A. El Proceso como Sanción Anómala
Cuando el Estado inicia un proceso disciplinario y lo mantiene abierto indefinidamente amparado en la permanencia de la falta, el proceso penal o disciplinario se convierte en la sanción misma. El profesional del derecho padece un estado de indefensión y zozobra continuada, afectando su buen nombre, su ejercicio profesional y su estabilidad psicológica, lo cual equivale a una pena anticipada proscrita por el artículo 28 constitucional, que prohíbe las penas imprescriptibles y las obligaciones perpetuas.
B. Inoperancia del Artículo 24 de la Ley 1123 de 2007
El artículo 24 de nuestro estatuto deontológico establece de forma clara que la acción disciplinaria prescribe en cinco (5) años. Al aplicar la teoría de la permanencia absoluta tras la iniciación del proceso, la judicatura inaplica de facto esta norma sustancial. La interrupción de la prescripción, que debiera operar rígidamente con la notificación del pliego de cargos, pierde todo sentido útil si el juez disciplinario considera que el término inicial ni siquiera ha comenzado a correr. Esto rompe la coherencia lógica de las formas propias del juicio.
C. Desprecio por el Control de Convencionalidad (Art. 8.1 de la CADH)
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Ricardo Canese vs. Paraguay y Baena Ricardo vs. Panamá), las garantías del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplican a los órganos de carácter democrático y de control disciplinario. El principio del plazo razonable exige evaluar la complejidad del asunto, la actividad del interesado y la conducta de las autoridades judiciales.
Si el expediente disciplinario lleva años bajo el examen de la Comisión Seccional y esta no define la situación jurídica del abogado arguyendo la «permanencia de la retención», no se está castigando la conducta del litigante; se está premiando e indultando la negligencia e ineficiencia del aparato institucional del Estado, lo cual configura una desviación de poder y una flagrante vía de hecho por defecto fáctico y sustantivo.
III. Propuesta de Solución Jurídica: La Teoría de la Consumación Procesal de la Permanencia
Para armonizar la Ley 1123 de 2007 con la Constitución y el bloque de de convencionalidad, propongo la adopción de la Teoría de la Consumación Procesal de la Permanencia.
Bajo esta tesis, el juez disciplinario debe entender que la naturaleza «permanente» de la falta del artículo 35, numeral 4°, opera exclusivamente como un criterio de activación temporal de la acción disciplinaria en su fase pre-procesal. Es decir, sirve para habilitar que la queja sea interpuesta en cualquier tiempo mientras persista la retención.
Sin embargo, una vez que el Estado ejerce formalmente el ius puniendi mediante el auto de apertura de investigación disciplinaria, la situación de hecho se juridiza y queda sometida de manera inmediata a las reglas estrictas del proceso. En consecuencia:
El hito de la apertura del proceso disciplinario debe obrar como la cristalización procesal de la conducta.
A partir de la fecha de expedición de dicho auto, el término prescriptivo de cinco (5) años del artículo 24 debe comenzar a correr de manera perentoria e improrrogable para las etapas internas (investigación y calificación).
Con la notificación del pliego de cargos, se producirá la interrupción formal de la que habla la ley, otorgando el término perentorio de dos (2) años para proferir el fallo de primera e instancia y resolver la alzada.
Si el Estado, con el investigado ya vinculado y a su disposición, es incapaz de proferir un fallo definitivo dentro de los términos legales, la acción debe prescribir de forma obligatoria, con total independencia de si el dinero objeto del encargo fue reintegrado materialmente o no. La entrega o no de las sumas obligadas pasará a ser un elemento de la dosificación de la sanción o de la tipicidad material, pero jamás un cheque en blanco para eternizar la competencia de la Magistratura.
Conclusión
El derecho disciplinario moderno no puede seguir anclado en interpretaciones punitivas inquisitoriales que confunden la antijuridicidad con la vigencia temporal de los términos del proceso. En Robledo Vargas Abogados defendemos la tesis de que la ética de la profesión se protege bajo el imperio de las garantías constitucionales, y no a través del quebrantamiento de las formas propias del juicio.
Así como el derecho penal aprendió que un ciudadano no puede ser perseguido de por vida por un delito permanente una vez que el Estado ya ha asumido el conocimiento del caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe dar el paso dogmático hacia la fijación de límites prescriptivos internos posteriores a la iniciación del trámite. La seguridad jurídica y el debido proceso de los abogados en Colombia no admiten menos.
